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El Pleno del Congreso ha dado hoy el primer paso para modificar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a su revisión.

La toma en consideración de ambas propuestas se ha debatido de forma conjunta, aunque no han logrado los mismos apoyos por las reticencias de Ciudadanos al texto de los socialistas, al considerar que pretendía una vuelta a la "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta", por lo que se ha abstenido en la votación de la del PSOE.

A las dos se ha opuesto el PP, desde su convencimiento, según su diputado José Alberto Martín-Toledano, de que la actual norma "no ha generado problemas" y los ataques que ha recibido han sido más bien por "criterios de desgaste político" con argumentos de "manual partidista".

Con menos de dos años de vida, la ley, polémica incluso antes de nacer, no ha podido ser enterrada, como querían algunos grupos, y se someterá ahora a un trámite parlamentario para su modificación que partirá al menos de los 44 puntos que el PNV quiere retocar.

El PP no está de acuerdo con todos ellos, pero desde el Gobierno ya se había apostado por la iniciativa de los nacionalistas como punto de partida, como dijo en su día el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya ausencia en el debate han criticado algunos portavoces.

El PSOE quiere la vuelta a la "ley Corcuera" en tanto se aprueba un nuevo texto que, como poco, elimine las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a las que se manifiestan ante el Congreso y el Senado y a las que utilizan imágenes de miembros de las policías.

También pide que se imposibiliten los registros personales en lugares públicos y se anule la consideración de infracción grave de las faltas de respeto a un autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas del Estado.

El PNV propone reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en esos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

Sobre la libertad de expresión e información, el texto propugna la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Mikel Legarda, del PNV, ha dicho que la intención es equilibrar el binomio libertad-seguridad, porque la ley en vigor se ha convertido, ha subrayado, en "el derecho penal de la peligrosidad y la desconfianza".

Antonio Trevín, del PSOE, ha pedido el voto para la propuesta socialista frente una ley "nefasta" y de "pura paranoia autoritaria".

Unidos Podemos ha votado a favor de las dos, pero con la condición de negociar porque no jugarán" con los derechos fundamentales de los ciudadanos, según Eduardo Santos, que ha recordado las 6.217 sanciones impuestas en los seis primeros meses de aplicación de la ley y ha reprochado a los socialistas que miren al pasado en un ejercicio de "melancolía".

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha criticado el "afán" del PSOE de intentar cubrir el vacío legal que dejaría la derogación de la ley "volviendo a fantasmas del pasado".

Ciudadanos quiere que todos participen en la revisión de la ley y censura al Gobierno por "arrastrar los pies" y no haber sido él quien trajera a la cámara la propuesta de modificación a pesar de haber reconocido la necesidad de revisarla.

Por ERC, Gabriel Rufián ha criticado al PSOE por ese "ramalazo de dignidad" que podía haber tenido hace 25 años con la "ley Corcuera" y ha calificado la norma actual de una de las "mayores canalladas" del PP.

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, no ha respaldado la derogación "sin alternativa" del PSOE y ha apoyado al PNV, y Carlos Salvador, de UPN, ha acusado a los socialistas de querer restar "espacio ideológico a Podemos".

Joan Baldovì, de Compromís, ha tildado la actual ley de "punitiva" y "abusiva", "a imagen y semejanza de un ministro y un Gobierno ultraconservadores para invisibilizar la protesta".

"Apostamos por una ley sin sanciones excesivas y que, en definitiva, no considere al ciudadano sospechoso habitual", ha defendido Sergi Mikel, del PDeCAT, al tiempo que Oskar Matute, por Bildu, ha apostado por el fin de la actual ley por "pisotear sistemáticamente la libertad en nombre de la seguridad".