EFE NewsLos Ángeles

Defensores de los indocumentados responsabilizaron este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump de causar caos y confusión en las cortes de inmigración alrededor del país al reabrir ciertos servicios en los tribunales en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Las críticas se desataron después de que el Departamento de Justicia anunciara que los tribunales de inmigración en Atlanta, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Memphis, Sacramento y Seattle están reabriendo con el "propósito limitado de aceptar las presentaciones” de los casos.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia encargada de regular los tribunales de inmigración, comunicó la orden de apertura en un mensaje de Twitter para que las cortes reciban los documentos y pruebas de los casos que están en el calendario este miércoles.

"Es imprudente e irresponsable pedir a los abogados y trabajadores de los tribunales en un puñado aleatorio de jurisdicciones en todo el país que ignoren la orientación estatal y local para refugiarse (en casa) y cerrar negocios no esenciales", dijo en un comunicado Wendy Young, directora de la organización KIND.

La decisión de EOIR de reabrir parcialmente se dio justo una semana después que esta agencia ordenara el cierre de buena parte de los tribunales ante la presión de jueces, abogados e incluso los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Esto es un caos", dijo a Efe el abogado de inmigración Fernando Romo, en Los Ángeles. "Tuvimos que presentar la documentación de más de 15 casos para no afectar la posibilidad de ganar estos casos; esto no es un juego", explicó.

Los archivos que se presentan en las cortes incluyen pruebas, documentos y testimonios escritos de expertos sobre los casos.

Romo indicó que los abogados tienen un plazo de 60 días calendario antes de la fecha de la audiencia para presentar todos estos documentos en una ventanilla.

EOIR dio a los abogados plazo hasta el 30 de marzo para entregar los archivos que debieron entregarse en la semana que estuvieron cerrados, incluyendo tribunales de Seattle (Washington) y Newark (Nueva Jersey), donde el brote viral no se ha podido controlar.

"Hacer cumplir las presentaciones legales derivadas de casos que deberían posponerse durante esta crisis pone en peligro la salud pública y socava gravemente los esfuerzos urgentes para reducir la tasa de nuevas infecciones por COVID-19", insistió Young.

Esta mañana cerca de 40 organizaciones, encabezadas por la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ) y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) solicitaron en una misiva al fiscal general William Barr y al director de EOIR, James McHenry, echar para atrás la decisión de abrir parcialmente.

También se critica la actuación del Gobierno sobre este tema.

"Las decisiones del Departamento de Justicia y EOIR han sido distorsionadas, con información compartida de forma inadecuada, causando confusión y resultando en litigantes yendo a audiencias que son canceladas sin notificación alguna", dice la carta donde se pide el cierre inmediato de todas las cortes.

Por su parte Romo asegura que los abogados y su personal están entre la espada y la pared. "De esos documentos depende un caso de asilo político, un paro de deportación; entonces alguien de nuestra oficina tiene que ir, es nuestro deber", argumentó.