EFEBuenos Aires

Unas 700 personas, a favor y en contra del aborto, han pasado en los últimos dos meses por el Parlamento argentino para debatir el proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El 13 de junio es el turno de la Cámara de Diputados, donde los indecisos jugarán un papel clave.

Los llevan enganchados a mochilas y bolsos y atados en los brazos, en la cabeza o en el cuello, están en las paredes de bares, oficinas y escuelas, cuelgan de farolas, balcones y hasta de alguna estatua despistada. Los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito son ya un emblema del movimiento feminista en el país.

Se ha hecho aún más visible desde principios de año, cuando el presidente, Mauricio Macri, personalmente contrario al aborto, dio libertad de conciencia a los miembros de su partido y los instó a abordar su despenalización.

La movilización social ha sido tal que, el pasado marzo, cuando se presentó por séptima vez en el Congreso el proyecto de la campaña que establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, fue la primera ocasión en la que no quedó en saco roto.

Entre el 10 de abril y el 31 de mayo, escritoras, editores, psicólogos, abogados, médicas, músicos, actrices, periodistas, activistas y diputados participaron en las audiencias celebradas todos los martes y jueves en comisión parlamentaria para esgrimir argumentos a favor y en contra de la ley.

El próximo miércoles le pasarán el testigo a la Cámara de Diputados, donde alrededor de un centenar de legisladores ya manifestó su postura favorable y otro centenar, la contraria, por lo que la posible aprobación del proyecto y su envío al Senado está en manos de unos 30 indecisos.

María Teresa Bosio es presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, una asociación que, como cuenta ella en una entrevista con Efe, lucha por los derechos de las mujeres y expresa sus disidencias con la "moral sexual hegemónica de la Iglesia", que cuenta con gran influencia en el país y que, a su juicio, todavía sigue "una lógica heteropatriarcal".

En su opinión, el reciente triunfo del "sí" en el referéndum sobre el aborto en Irlanda demuestra que es posible separar las creencias personales de lo que es un derecho de las mujeres que "no tiene nada que ver con que uno crea o no".

En ese sentido, insiste en que en la Biblia no hay ninguna mención al aborto y que no se empezó a definir como una práctica punible en el seno de la Iglesia hasta el siglo XVIII.

Además, afirma que, desde hace medio siglo, las católicas "buscan la libertad de conciencia en relación a su sexualidad y al disfrute" y la mayoría de ellas recurre a la anticoncepción e, incluso, al aborto si es necesario.

"Pueden separar sus creencias y su espiritualidad de estos preceptos rígidos que se instalan desde la jerarquía católica", señala antes de destacar que son ellas, con su militancia y su trabajo de a pie, las que, precisamente, "sostienen la base de esa estructura".

El Código Penal vigente desde 1921 en el país suramericano considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando corre peligro la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación, algo que pretende modificar la iniciativa de la Campaña.

"No hay por qué elegir entre la vida de la madre o la del hijo", señala a Efe Camila Duro, integrante de Unidad Provida, plataforma que aglutina a unas 150 organizaciones que, junto a otras asociaciones civiles y ciudadanos, esta semana entregaron 414.000 firmas en el Congreso en rechazo del proyecto.

Para ella, lo que hace falta es articular políticas públicas que afronten el "gran problema" que existe con la mortalidad materna en Argentina, ya que "se mueren pariendo por deficiencias en el sistema de salud".

De ahí que haga hincapié en la necesidad de trabajar en una normativa "más integral" que aborde este asunto y que, paralelamente, implemente una política de educación efectiva.

Duro piensa que el proyecto está "distrayendo" al Parlamento y critica que, si se aprobara esta ley, "implicaría que un 10 % del presupuesto de salud se va a tener que destinar a aborto", lo que, dice, derivaría en una "crisis sanitaria".

"Tenemos que ver cuál es el norte que estamos poniendo: si creemos que los problemas se solucionan dándole muerte a los niños que están en la panza de su mamá o si realmente se puede buscar una solución que sea respetuosa para ambos. Creemos que la vida comienza en la concepción, lo demostró la ciencia, y ese niño, esa persona, debe ser respetado", sentencia.

Irene Valiente