EFESao Paulo

En Brasil, donde casi la mitad de la población vive rodeada de cloacas a cielo abierto, un nuevo proyecto de ley busca universalizar el derecho al saneamiento básico hasta 2033 a través de la participación de empresas privadas y fondos de inversiones nacionales e internacionales.

El acceso a agua potable y el tratamiento de residuos cloacales están lejos de ser una realidad para todos los brasileños, según el último informe publicado por el Instituto Trata Brasil.

Más de 100 millones, el 48 % de la población, no tienen acceso a la recolecta de aguas residuales, mientras que la falta de tratamiento de residuos cloacales afecta a 124 millones de personas, prácticamente el 60 % de ciudadanos.

Además, otros 36 millones de brasileños no son abastecidos con agua tratada.

Con este panorama y en un país con finanzas públicas poco boyantes, el Senado brasileño dio luz verde el pasado 24 de junio a la participación de empresas privadas con la meta de garantizar la universalización del saneamiento básico y abastecimiento agua potable para el 99 % de la población de aquí a doce años.

Para que la ley entre en vigor, falta la sanción del presidente Jair Bolsonaro, que se da por hecha, y someterse al reglamento de la Agencia Nacional de Aguas (ANA).

PROYECTO POLÉMICO

La ley ha creado polémica por permitir, mediante licitaciones, la entrada de empresas privadas en un ramo que históricamente ha estado controlado por el sector público, lo que ha llamado la atención de grandes corporaciones interesadas en obtener concesiones.

Sin embargo, el economista Gesner de Oliveira, coordinador del grupo de Economía de la Infraestructura y Soluciones ambientales de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), opinó que este proyecto de ley permitirá al país dejar atrás su "negligencia histórica con el saneamiento", así como el "fuerte corporativismo" del sector.

Hasta el momento -añadió-, éste ha sido "un mercado en el que predomina claramente lo público", porque casi el 75 % de las empresas vinculadas al saneamiento básico en Brasil son estatales.

El nuevo modelo deja la puerta abierta a empresas privadas, atrayendo así a fondos de inversiones nacionales y extranjeros, que ya están "acompañando con atención la evolución del mercado brasileño".

"Creo que el sector privado va a crecer menos por la privatización de empresas públicas y más por las colaboraciones público-privadas" a través de "contratos de concesiones", pronosticó el economista en entrevista con Efe.

A fin de cumplir la meta de la universalización del acceso al saneamiento básico en 2033, la propuesta prevé cuadruplicar el volumen anual de inversión en el ramo y rondar los 700.000 millones de reales (unos 130.000 millones de dólares).

VER Y ESPERAR

De acuerdo con el doctor en salud pública Alceu Galvao, profesor e investigador del MBA de la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo (FESPSP), los próximos dos años serán "fundamentales" para evaluar si se puede llevar a cabo esta "agenda intensa y tan necesaria para el desarrollo del país".

"Tendremos una cierta claridad en los próximos dos años", cuando el sector va a "preparar todo el ambiente para hacer las licitaciones y los ajustes necesarios a los contratos vigentes", sostuvo Galvao a Efe.

El profesor advirtió de que todo dependerá de cómo el país gestione la "tempestad" en la que está actualmente sumergido, lidiando con "una crisis sanitaria, económica y política".

MAYOR COMPETICIÓN Y REGULACIÓN

Los expertos consultados por EFE coincidieron en que el nuevo marco reglamentario de saneamiento básico establece dos aspectos claves y "positivos", relacionados con una mayor regulación y competición en el ramo.

Por un lado, el proyecto introduce la Agencia Nacional de Aguas, que hasta ahora tenía competencia como agencia ejecutiva en la gestión de recursos hidráulicos, como la entidad nacional responsable para emitir las normas de referencia para la regulación del sector.

Con la nueva legislación, el marco reglamentario dejará de estar a manos de las agencias regionales, municipales e intermunicipales, dijo Galvao, quien detalló que actualmente hay casi 2.200 municipios brasileños que carecen de regulación.

Se tenderá, además, a unificar las normas y a mejorar los procesos de regulación.

La obligatoriedad de licitación para la contratación de prestaciones de servicios, que motiva la entrada de corporaciones privadas, se espera que traiga una mayor competición en el mercado.

Los especialistas leen esta medida como una oportunidad para aumentar la eficacia y el desempeño de las empresas vinculadas al sector.

Más allá de estos aspectos, el proyecto también pretende ser un punto de partida para ayudar a la retomada de la economía del país, cuyo despegue se vio frustrado este año por la crisis del coronavirus.

"La inversión en saneamiento tiene un efecto fuerte sobre la economía porque activa la construcción civil y a la vez emplea a mucha gente y esto acaba teniendo un efecto multiplicador bastante elevado", auguró el economista De Oliveira.

Carla Samon Ros