EFESan José

La huelga sindical contra un proyecto de reforma tributaria entró hoy en su tercera semana en Costa Rica, mientras el Gobierno mantiene el diálogo con los gremios pero sin dejar de insistir en la urgencia de que el Congreso apruebe la iniciativa.

Marchas en la capital San José, algunos bloqueos temporales de carreteras en las provincias de San José (centro), Puntarenas (Pacífico) y Limón (Caribe), así como el inicio de la quinta sesión de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos ha marcado la jornada de hoy.

Los eventos del día han transcurrido de manera pacífica sin necesidad de que la policía interviniera para despejar vías, según ha informado el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Trabajo, Steven Núñez, dijo a los periodistas que el diálogo con los sindicatos es "importante" para "acercar posiciones", pero que el Gobierno mantiene su postura de impulsar la reforma tributaria y que los gremios depongan la huelga para conformar una mesa de negociación multisectorial.

En medio de las conversaciones, los sindicatos han publicado su cronograma de actividades huelguísticas para toda la semana, incluida una marcha grande para el miércoles.

Por su lado el presidente del país, Carlos Alvarado, ha insistido en la urgencia de que la reforma fiscal sea aprobada por los diputados y defendió la iniciativa al considerarla "progresiva".

"Sé que no es un tema popular, pero es una responsabilidad que Costa Rica ha postergado. Tenemos más de 18 años de estar discutiendo esto (reformas fiscales) en el país y no se ha tomado una decisión", comentó Alvarado en una entrevista con el medio digital CRHoy.

El presidente reiteró que la reforma tributaria es necesaria para evitar un crisis económica como la que vivió el país en la década de 1980.

"Costa Rica está en una encrucijada: podemos decidir resolver un problema con la mejor ruta viable o podemos optar por prorrogar la solución y enfrentar un problema mayor. Tengo la determinación de resolver este problema", expresó.

Alvarado reconoció que pagar más impuestos siempre es "un trago amargo", pero comentó que Costa Rica se encuentra en un "momento histórico" que urge "tomar decisiones valientes que pasan por socarnos (ajustarnos) la faja todos"

El mandatario desmintió que los más afectados con la reforma tributaria sean las clases medias y bajas, como lo afirman los sindicatos en huelga.

Los datos del Gobierno indican que el 82 % del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30 % de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8 % se recargará al 30 % de la población más pobre.

La reforma fiscal, llamada proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como iniciativa estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) que gravará más productos y servicios y que según Alvarado permitirá combatir la evasión.

La iniciativa contiene también un capítulo relacionado con el empleo público para contener el gasto mediante reducción de pluses salariales a los nuevos trabajadores.

La reforma incluye además aumentos de entre cinco y diez puntos porcentuales en el impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos, se mantienen exonerados a los de menores ingresos e invariables a los de ingresos medios.

Los sindicatos insisten en el IVA afectará más a las clases medias y bajas y que la reducción de pluses salariales es un golpe para los trabajadores públicos que, consideran, no son responsables del déficit fiscal proyectado al 7,1 % del PIB en 2018.

Las principales afectaciones de la huelga han sido el cierre de la mitad de los centros educativos y que los restantes operan con diversos niveles de afectación; la cancelación de miles de citas médicas y más de 2.000 cirugías; lentitud en los puertos y algunos problemas para distribuir combustible.

Un Juzgado de Trabajo de San José declaró hoy ilegal la huelga en el Ministerio de Vivienda, pues no contó con el apoyo de los trabajadores y tampoco hubo una votación en asamblea general del sindicato para aprobar el movimiento.

La semana pasada fue declarada ilegal la huelga en el Consejo Nacional de Producción, una institución dedicada a promover el desarrollo agropecuario.

Una treintena de instituciones públicas solicitaron individualmente la ilegalidad de la huelga ante los tribunales de Trabajo.