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La Comunidad Andina resolvió que Bolivia debe modificar la diferencia de precios de sus combustibles para transportistas extranjeros, una medida que afectaba particularmente a Perú, una decisión celebrada por Lima como un precedente a favor de los derechos comunitarios.

Perú tiene autorizados a unos 2.800 vehículos para dar el servicio de transporte terrestre hacia Bolivia, pero la medida de ese país que imponía un precio mayor en los combustibles a los transportistas extranjeros provocó un reclamo del Gobierno peruano.

Bolivia adujo que no tenía capacidad para almacenaje adicional de combustible para surtir a los transportistas provenientes de Perú y los problemas financieros que le ocasionaría incrementar sus importaciones de hidrocarburos, así como la venta a precios subsidiados como los que ofrece a sus propios transportistas.

Después de intentar llegar a una solución en rondas de diálogo bilateral, Perú recurrió a la Secretaria General de la Comunidad Andina para exigir a Bolivia el cumplimiento de los principios de No Discriminación, Trato Nacional y Libre Competencia establecidos en la normativa comunitaria.

El dictámen firmado el pasado 21 de agosto por el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, le dio la razón a Perú, al resolver que Bolivia incumplió los principios aludidos, que regulan el transporte internacional por carretera entre los dos países vecinos.

Además, la Secretaría General le dio a Bolivia un plazo de 20 días hábiles, tras la publicación del dictámen, para que informe las medidas que adoptarán para corregir el incumplimiento.

"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso con el país y con los transportistas del Perú para que puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales, incrementando su competitividad y respetando los derechos consagrados en las normas internacionales que regulan el transporte por carretera entre el Perú y los países de la región sudamericana", declaró su titular, Carlos Estremadoyro.