EFEAsunción

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves la última ley del paquete de 12 medidas presentado en noviembre de 2018 para adaptarse a los estándares internacionales y cumplir con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la que se está sometiendo el país.

La nueva medida modifica una ley de 2013 relativa a la prevención de actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, con una "actualización de todo el modelo preventivo del sistema", señaló durante el acto de promulgación el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.

Con este paso, que fortalecerá "el proceso de detección y mitigación del proceso del lavado de activos", Paraguay ya ha dado "cumplimiento normativo" al combate de los riesgos detectados en una evaluación de 2016.

En esa evaluación se evidenciaron debilidades en el combate contra la evasión de impuestos, el narcotráfico, el contrabando o la corrupción pública.

Arregui comentó que con estas doce leyes se establece un "nuevo paradigma" para "afrontar este flagelo que es el combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

No obstante, el país deberá demostrar también "la efectividad" de esas leyes, ya que esos serán los aspectos en los que se detendrán los evaluadores de GAFI.

"Van a juzgarnos los últimos cuatro años (2016-2019) y nos van a preguntar a partir de esa detección de amenazas (...) qué resultados concretos se han tenido a esta fecha", dijo el titular de la Seprelad en el acto, en el Palacio de Gobierno.

El paquete normativo presentado en noviembre de 2018 y terminado de aprobar más de un año después contempla modificaciones de varios artículos del Código Penal, incorporación de nuevos tipos penales, cambios en las leyes de terrorismo, inmovilización de activos financieros o nueva redistribución de los productos provenientes de subastas por comiso.

Las doce medidas se presentaron en noviembre de 2018, en una Cumbre de los tres Poderes del Estado celebrada en el Congreso, y todas las leyes pasaron en este tiempo por la aprobación de las dos Cámaras.

El presidente de la Cámara de Senadores, el liberal Blas Llano, quien también acudió al acto, insistió en que los legisladores estudiaron "con responsabilidad" todas las leyes y mostró su "voluntad política" para cumplir con estos compromisos.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez Rolón, destacó que con la promulgación de esta última ley de la batería legislativa, Paraguay se pone "a la altura de las exigencias internacionales en materia de hechos punibles vinculados al financiamiento del terrorismo y al lavado de dinero".

Además, informó de que desde el Poder Judicial se está trabajando en la instalación de tribunales especializados para juzgar los delitos relacionados y se está formando a los miembros que compondrán esos tribunales.

Los evaluadores de GAFI, en su rama para América Latina (Gafilat), llegaron a Paraguay el pasado 18 de noviembre para iniciar su proceso de evaluación mutua, que en esta primera fase se centrará en unos cuestionarios que las instituciones del país deben completar, con plazo hasta enero de 2020.

Una vez recopilada esa información, que se remonta hasta cuatro años atrás, el grupo evaluador analizará los datos y visitará el país en mayo 2020, cuando se mantendrán entrevistas con representantes del sector público y del sector privado.

El informe final se conocerá en diciembre de 2020 y, en función de sus resultados, Gafilat decidirá qué tipo de seguimiento dar al país.

En el caso de que se detecten anomalías o falta de acciones para prevenir delitos como la financiación del terrorismo o el lavado de dinero, Paraguay tendrá todavía un año, hasta diciembre de 2021, para acometer mejoras y evitar volver a la Lista Gris, en la que ya estuvo entre 2008 y 2012.