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La empresa Conecta de gas natural, cuyo principal accionista es la petrolera brasileña Petrobras, inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, contra el Estado uruguayo en reclamo de 50 millones de dólares por daños causados.

Conecta realizó el arbitraje internacional en abril de este año al entender que hubo incumplimientos del contrato de concesión para el proyecto, construcción y explotación de sistemas de distribución de gas que tiene con Uruguay, según se desprende de un documento del Tribunal de Cuentas del país al que tuvo acceso Efe.

Además, la compañía MontevideoGas, perteneciente en su totalidad a la petrolera brasileña, inició un arbitraje a nivel nacional contra el Estado uruguayo cuya cifra se estima cercana a la de Conecta, según trascendió en las últimas horas en la prensa local.

El motivo principal para la demanda surgiría a raíz de que Petrobras consideró como "injusta" la decisión del Gobierno uruguayo de ejecutar una garantía de 3 millones de dólares por un supuesto impago del canon por prestar el servicio.

En este sentido, ambas empresas emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan que "desde hace ya mucho tiempo" reclaman al Estado que cumpla con medidas para solucionar "diversos problemas que afectan sus operaciones".

"Desafortunadamente, esos reclamos no han encontrado eco en las autoridades uruguayas, lo que ha llevado a que cada una de las distribuidoras recurriera a los mecanismos arbitrales de solución de disputas", añade el escrito.

Asimismo, aseguran que seguirán brindando "los más altos estándares de seguridad y calidad" en el servicio pese al conflicto.

Por otra parte, el sindicato de trabajadores del gas está en huelga debido a las acciones que lleva adelante la estatal brasileña, a la que acusa de mentir y querer quedarse con el dinero de los uruguayos.

"El conflicto es por la decisión de Petrobras de ir por la vía de demandar al Estado uruguayo en cifras millonarias y no concentrarse en la gestión", dijo a Efe el dirigente sindical Alejandro Acosta.

El dirigente manifestó que la empresa ha evitado la negociación salarial con los trabajadores y que miente al acusar los problemas referidos al monto del canon, ya que cuando llegaron a Uruguay sabían los precios y las cantidades que se preveían.

Acosta concluyó que la estrategia de la empresa brasileña se basa en "reducir personal de trabajo y salarios" por un lado y "sacarle plata a los uruguayos" por el otro.