EFEBuenos Aires

Un juez rechazó una denuncia penal contra el presidente argentino, Mauricio Macri, y varios miembros de su Gobierno por firmar sin aval del Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el fiscal que imputó al mandatario apelará la decisión, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.

El juez federal Julián Ercolini rechazó la denuncia contra Macri por presunto "abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público" a partir de la cual la semana pasada el fiscal Jorge Di Lello había resuelto imputar al jefe de Estado, al jefe del Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al presidente del Banco Central, Luis Caputo.

La denuncia había sido presentada por Claudio Lozano, presidente de la fuerza política opositora Unidad Popular, y Jonatan Balidiviezo, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, quienes cuestionaron hoy la decisión de Ercolini.

Ambos denunciaron al Ejecutivo por haber sellado en junio pasado, sin aval del Congreso, un acuerdo a tres años con el FMI por el que Argentina accederá a asistencia financiera por 50.000 millones de dólares.

"Ercolini toma la guitarra y se asume como intérprete de la voluntad del Congreso sin citar ninguna ley que justifique su interpretación y que haya prorrogado la norma que autorizaba al presidente a acordar con el FMI", sostuvieron Lozano y Baldiviezo en un comunicado.

La norma aludida es la Ley de Administración Financiera, de 1992, que en su artículo 60 obliga a incluir cualquier operación de crédito en la Ley de Presupuesto del año en curso o, en su defecto, a someterla a aprobación del Parlamento, a excepción de las operaciones de crédito que formalice el Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales.

"Ercolini interpreta que, como ninguna ley derogó el artículo 60, eso demuestra la voluntad del Congreso de mantener la norma vigente. Es una cuestión básica del derecho que una norma que caduca porque vence su plazo de vigencia no resulta necesario que el Congreso la derogue", alegan los denunciantes.

Según su criterio, "que el Congreso no la haya derogado no puede interpretarse que decidió renovar sus plazos".

"En segundo lugar, Ercolini sostiene que el Digesto Jurídico Argentino declaró a esta norma como vigente. El Digesto Jurídico Argentino no está vigente. No tiene existencia jurídica porque fue observado y no finalizó su proceso de sanción. Así lo reconoció en un informe la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Congreso en un informe de abril", argumentaron.

Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello dijo a Efe que apelará la decisión de Ercolini tras señalar que el Digesto Jurídico Argentino -conjunto ordenado de las normas aprobadas en el país y que fue aprobado en 2014 por el Congreso- "no está vigente".

"Tenemos los informes de la comisión bicameral informando en ese sentido. El juez desestima la denuncia fundado en la existencia de una ley que, en realidad, no está vigente. Lo estamos apelando en los próximos días", indicó el procurador.