EFESao Paulo

Varias ONG denunciaron los "retrocesos recientes" observados en el Gobierno de presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y expresaron su "preocupación" ante el proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se adelanta desde el pasado enero.

En una carta enviada al secretario general de OCDE, Mathias Cormann, Amnistía Internacional Brasil, Human Rights Watch, Transparencia Internacional y WWF alertaron sobre los retrocesos en materia de derechos humanos, medioambiente, transparencia, democracia y combate a la corrupción en el país, según un comunicado divulgado este miércoles.

Asimismo, destacaron su "preocupación" de que la invitación para el inicio de las discusiones sobre una posible entrada de Brasil a la organización "trasmita el mensaje equivocado" de que OCDE "no está atenta al desmonte de políticas y órganos ambientales y de combate a la corrupción", así como a los "ataques sistemáticos" a los derechos humanos.

"Esta carta es un esfuerzo más de poner al país hacia un rumbo coherente con la ciencia y con los países que se preocupan con un futuro sostenible y climáticamente justo", señaló el director ejecutivo de WWF Brasil, Mauricio Voivodic, citado en la nota.

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, el proceso de entrada en la OCDE podría contribuir a que "el país pueda retomar sus compromisos y deberes con relación a los derechos humanos".

En ese sentido, la carta reafirma que la adhesión a órganos multilaterales "puede ser positiva" para el país, ya que incentiva la adopción de buenas prácticas en diversas áreas de políticas públicas y fortalece el Estado de derecho.

Sin embargo, las organizaciones consideran necesario una "amplia y efectiva" participación de la sociedad civil en el proceso, por lo que solicitaron una reunión con el secretario general de OCDE a fin de "discutir "medidas de transparencia".

"Tal participación es crítica para asegurar que una eventual adhesión no supondrá un sello de aprobación de prácticas incompatibles con las propias directrices de OCDE, sino una oportunidad para la mejora efectiva de las políticas públicas hacia un desarrollo sostenible y equitativo", señala la misiva.