EFESan Salvador

Los efectos del cambio climático en el acceso al agua en El Salvador se pueden agudizar con la privatización de la entidad prevista en un proyecto de ley en discusión que se encargaría de gestionar y distribuir el agua, aseguró en una entrevista con Efe el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

En abril de 2015 El Salvador vivió una escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía a causa del cambio climático, situación que, a criterio de diferentes sectores, se podría repetir y traer "graves" consecuencias a los más vulnerables.

Para Rosa Chávez no es necesario caer en una nueva crisis de escasez de agua y es fundamental que se vea al recurso como un derecho humano que no puede ser negado a ninguna persona y debe respetarse.

"El agua es un derecho humano que debe ser respetado y no debe verse como una mercancía (...), es obligación del Estado administrarla y velar para que este recurso llegue hasta los más necesitados y a todos aquellos que no tienen acceso", acotó el cardenal.

Rosa Chávez señaló que la discusión de un proyecto de ley de agua por parte de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, debe "regirse por los principios de solidaridad, igualdad y respeto".

Según el religioso, el agua debe ser administrada por un ente en el que la mayoría de integrantes provengan del Estado, "de lo contrario se volvería en una institución privada que se dirigiría bajo las reglas del mercado y favorecería a las minorías".

"No es necesario castigar a un pueblo tan maltratado, que ha sufrido durante años y al que no se le han respetado sus derechos fundamentales, como el acceso al agua, la educación, salud y vivienda digna", expuso.

El cardenal aseguró que "muchas personas están observando y siguen de cerca el debate que se ha generado en la Asamblea, por lo que estaremos atentos a lo que suceda y nos seguiremos manifestando si se apruebe una ley que no beneficie al pobre".

"Esperamos que se apruebe una ley que favorezca a la gente, no a los intereses económicos de un grupo minoritario", reafirmó el prelado.

Rosa Chávez invitó a todos los salvadoreños a que participen en el debate y en una campaña de recolección de firmas impulsada por la Iglesia católica para exigir que se apruebe una Ley de General de Aguas "justa y pública, en la que el Gobierno tenga la prevalencia en la toma de decisiones".

"Nuestro argumento es bastante claro: si la mayoría de votos se va a la empresa privada eso se llama privatización, eso llevará a seguir leyes de mercado y, por tanto, el campesino no interesa, no es rentable y quedará de lado", afirmó.

Miles de salvadoreños han protestado en diversas ocasiones durante las últimas semanas contra la supuesta intención de la derecha de privatizar el agua.

El principal punto en discordia es la intención de los partidos de derecha de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un número de votos que, según las organizaciones, le darían el dominio del organismo.

Los partidos señalados son Gran Alianza por al Unidad Nacional (GANA), Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), que poseen los votos necesarios para aprobar la normativa y para superar un eventual veto presidencial.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.

Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo un 3 por ciento de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 por ciento de las aguas superficiales contaminadas.