Carlos Arturo Velandia Jagua, ex comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y gestor de paz en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y esta guerrilla.

En las sociedades democráticas los presidentes tienen fecha de caducidad; la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es el 7 de agosto de 2018. Ese día, a las tres de la tarde, recibirá en la puerta de la Casa de Nariño al nuevo presidente, lo saludará y le entregará las llaves de la Casa que ocupó durante los ocho años anteriores.

Hora tras hora se hace más pequeña la oportunidad de paz que se abrió en Colombia hace ocho años, cuando Santos, en su discurso de investidura, sorprendió con la frase: “tengo una llave para abrir la puerta de la paz, que utilizaré solo si hay voluntad verdadera en las guerrillas para poner fin al conflicto armado y construir paz estable y duradera”.

Y con la consecuente respuesta positiva de los comandantes de FARC-EP y ELN, Alfonso Cano y Nicolás Rodríguez Bautista, quienes -respectivamente- dijeron: “no hay mejor alternativa para los colombianos que resolver el conflicto por la vía del diálogo, por eso hablemos, hablemos, hablemos” y “retomemos el diálogo donde lo dejamos con el Gobierno anterior”.

Oportunidad bien usada con la apertura de una negociación, llevada a cabo durante cuatro años en La Habana entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP, que concluyó con acuerdos de paz, hoy en fase de implementación; y con la apertura de un diálogo con el ELN concretado en una Agenda y el establecimiento de la Mesa de Diálogos en Quito.

Sin embargo, el tiempo es insuficiente para cerrar el conflicto armado interno, en un contexto de paz completa, por cuanto los diálogos de Quito se encuentran en su fase inicial con la discusión del punto uno, de una Agenda de seis, que ya ha permitido un primer acuerdo de “Cese Bilateral del Fuego y las Hostilidades” por 101 días, con un resultado medido en alivio social, principalmente percibido y disfrutado en los territorios del conflicto y medido en el ahorro de al menos 95 vidas y 421 heridos, que en la dinámica del conflicto se hubieran producido irremediablemente. Es decir, falta tiempo para concluir el proceso hasta el cierre del conflicto armado y la siembra de condiciones positivas y favorables para que la sociedad construya paz con justicia social.

Habida cuenta que el país transita por una coyuntura electoral, en la que se elegirá Parlamento (11 de marzo) y presidente de la República (27 de mayo), con un imprevisible resultado final -sin descartar la victoria de propuestas y candidatos con posturas hostiles a los diálogos de paz-, conviene que las partes en la Mesa de Quito hagan un balance del tiempo disponible y de las potencialidades que ofrece lo que queda de oportunidad para avanzar en la Agenda hasta posicionar el diálogo en un punto de no retorno.

Ese objetivo se podrá alcanzar con el diseño de un modelo de participación de la sociedad, contenido del punto uno, y con un acuerdo de “Cese Bilateral del Fuego y las Hostilidades” renovado, que supere las deficiencias del anterior y que se prolongue hasta el 7 de agosto, cuando el actual Gobierno no podrá adquirir más compromisos.

Se trata de crear unas condiciones positivas en un contexto descrito así:

1 – Ya no existe la guerrilla de las FARC-EP, ésta hizo dejación de armas y se ha transformado en una organización política en el marco de la institucionalidad y bajo el Estado Social y de Derecho vigente en Colombia.

2 – Los acuerdos de paz con las FARC-EP están en fase de implementación.

3 – El “Cese Bilateral del Fuego y las Hostilidades” con el ELN permite blindar el proceso electoral, de modo que los colombianos pueden acudir a las urnas sin constreñimientos, ni amenazas, lo que posibilita el libre ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

4 – El “Cese del Fuego y las Hostilidades” es fuente de garantía para que la sociedad participe, para que los empresarios no se sientan amenazados por los secuestros, sin ataques a la infraestructura económica o plantas fabriles, y para que los sectores populares participen sin temor hacia sus vidas, sin temor a desplazarse pues se ha suspendido, entre otras medidas, la colocación de minas antipersonal en los territorios del conflicto.

Sea quien fuere el futuro presidente de la República, el 7 de agosto recibirá el país como no lo han recibido sus antecesores en los últimos 54 años, recibirá un Estado a punto de poner fin definitivo al conflicto armado interno más largo del hemisferio occidental, y a construir paz estable, duradera y con equidad.

Pero la mesa de Quito está en entredicho, al recrudecerse la violencia por la acción de comandos urbanos del ELN, que atacaron el pasado fin de semana puestos de Policía en la ciudad de Barranquilla, con resultados letales en vidas humanas y el inconmensurable dolor de las familias de las víctimas, como también del conjunto de la sociedad que no comprende ni acepta la pretensión del ELN de mantenerse en la Mesa de Diálogos.

Si la Mesa de Quito continuara, tras estos sucesos, se requerirá que las partes acudan a la contención para parar la violencia, poco a poco, como quien cierra un grifo abierto que derrama caudales.

Las partes tienen en sus manos el histórico reto de dejar sentadas las bases de un nuevo país sin guerra y con la posibilidad de dar trámite a los demás conflictos por vías democráticas y pacíficas. Si no ocurriera así, tendremos ante nuestros ojos un periodo largo de violencia aguda con mayor dolor y desgarraduras sociales. El tiempo es corto y el agotamiento de la oportunidad se mide en horas. No dejemos que la oportunidad de paz se escape entre la irreflexión, la desconexión con la realidad y la terca y egoísta defensa de intereses que atentan contra Colombia y sus gentes.

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.