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Organizaciones de DD.HH. denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras y periodistas en México se ha agravado desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 en este país.

En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), informó este miércoles que distintas organizaciones participaron en una reunión a distancia con la comisionada Esmeralda Arosemena.

Las organizaciones denunciaron que "la situación de riesgo" que enfrentan las personas que defienden derechos humanos en México "se ha agravado" a raíz de las medidas de atención a la pandemia implementadas por el Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios frente a la pandemia del coronavirus.

Señalaron la situación de mujeres defensoras y de la población LGBTIQ+, así como de personas defensoras de la tierra y el territorio, personas defensoras criminalizadas y privadas de libertad, quienes acompañan a la población migrante.

También destacaron los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores y a la situación de familiares de personas desaparecidas o víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con información documentada por las organizaciones, desde el inicio de la contingencia, al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas (4 de ellas mujeres y dos periodistas) y se ha reportado la criminalización de tres defensoras, entre muchas otras agresiones como la estigmatización, represión y amenazas.

Además, consignaron que se han intensificado las campañas de hostigamiento físico y digital, bloqueos informativos, desprestigio y amedrentamiento.

Las organizaciones señalaron que, si bien existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, "persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias".

DENUNCIAN OTRAS VIOLACIONES

También denunciaron la intensificación del extractivismo ante la continuidad de megaproyectos, la restricción en los trámites de solicitud de información pública, la suspensión y disminución de labores de los tribunales y fiscalías, lo que limita el acceso a la justicia, y tiene efectos negativos sobre defensores y periodistas.

Asimismo, resaltaron "el alarmante incremento de la violencia de género" y señalaron que el abril de 2020 fue el mes con más carpetas de investigación sobre asesinatos de mujeres.

Mientras que entre marzo y mayo se alcanzaron cifras récord en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar y sexual, poniendo a las defensoras y periodistas en distintos niveles y ámbitos de riesgo.

Ante la falta de respuesta del Gobierno mexicano, las organizaciones solicitaron a la CIDH que brinde recomendaciones a autoridades federales y estatales con relación a la situación de personas defensoras y periodistas en México en el contexto de la pandemia, además de asistencia técnica.

Por su parte, la CIDH se comprometió a dar seguimiento a la comunicación con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y expresó su interés en brindar asesoría técnica al Gobierno de México orientada a implementar las recomendaciones internacionales en relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con Front Line Defenders, México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el medioambiente. Según datos del informe de 2019 de la organización internacional en México se registraron 23 asesinatos.

Además, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y aunque no se trate de una nación que oficialmente esté en guerra, es donde se registran más periodistas asesinados, 133 desde el año 2000 a la fecha y 10 en 2019.