EFEManila

La presión de la comunidad internacional para abrir una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos en Filipinas cada vez cobran más fuerza después de que la Eurocámara aprobara el jueves una resolución que condena abusos de poder de la administración de Rodrigo Duterte.

El documento, adoptado con 626 votos a favor, 7 en contra y 52 abstenciones, apela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne estos días en Ginebra, a dar luz verde a una propuesta de resolución para una "investigación internacional independiente" que sirva para "imponer justicia frente a la cultura de impunidad que reina en Filipinas.

"La resolución es un paso más hacia la rendición de cuentas por el flagrante desprecio de la administración Duterte a su obligación de defender los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo filipino", indicó hoy en un comunicado Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan.

La responsable de esta red nacional de organizaciones de derechos humanos, que lidera los esfuerzos para denunciar ante la comunidad internacional los abusos en Filipinas, denunció que los ciudadanos "sufren cada vez más represión política y violencia estatal de un régimen cada vez más tiránico".

Los europarlamentarios criticaron el "alarmante" número de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos ocurridas en el marco de la guerra contra las drogas, como demuestra un informe presentado en junio de 2020 por la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que confirma "asesinatos extendidos y sistemáticos", que podrían constituir en crímenes de lesa humanidad instigados por el gobierno de Duterte.

La Eurocámara también recomienda a la Unión Europea (UE) retirar temporalmente los beneficios arancelarios para productos filipinos hasta que las autoridades del país no lleven a cabo "investigaciones imparciales, transparentes, independientes y significativas de todas las ejecuciones".

Según la Policía Nacional, hasta el 31 de agosto se produjeron 7.884 muertes de sospechosos en operaciones antidroga, aunque organizaciones humanitarias elevan esa cifra hasta los 27.000 o 30.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad de la campaña y la mayoría cometidos por policías vestidos de civil o vigilantes que operan en coordinación con las autoridades locales.

ACOSO AL ACTIVISMO Y LA PRENSA

En el texto aprobado por el Parlamento de la Unión Europea (UE), con sede en Estrasburgo, también se menciona "las amenazas, acoso, intimidación y violencia" contra defensores de derechos humanos, activistas, políticos de la oposición y periodistas.

En este sentido, la Eurocámara "condena enérgicamente" los recientes asesinatos de Randall Echanis y Zara Alvarez, dos conocidos activistas a los que el gobierno había vinculado con la guerrilla comunista para intentar acusarlos de terroristas.

Según la ONU, más de 250 líderes sociales han sido asesinados en Filipinas desde julio de 2016, cuando Duterte asumió el poder, y la organización Global Witness sitúa al país como el segundo más peligroso del mundo para activistas verdes y defensores de la tierra y el medio ambiente, solo detrás de Colombia.

El texto también menciona el deterioro en la libertad de prensa en el último año, ya que la administración Duterte ha puesto entre las cuerdas a la prensa crítica con su gestión con el cierre de ABS-CBN -mayor medio de comunicación en Filipinas- y la condena por ciberdifamación de la periodista Maria Ressa, directora del portal Rappler.