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La nueva ley antiterrorista de Filipinas aprobada por el Parlamento entró este sábado en vigor a pesar de las críticas de la oposición y también de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El Gobierno ha insistido en que la nueva ley respetará los derechos humanos como la libertad de manifestación y que está dirigida a los grupos yihadistas afines al Estado Islámico con presencia en el país y a la guerrilla comunista.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos consideran el texto como un intento de perseguir y silenciar a la disidencia y lo han comparado con la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong impuesta por China.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, firmó la ley el pasado 3 de julio después de que fuera aprobada por las dos cámaras del Parlamento.

La nueva ley amplía el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", punibles con 12 años de prisión, provisión que, según expertos legales, busca castigar el disenso, ya que se podría catalogar terrorismo cualquier protesta contra el gobierno.

La nueva ley sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, extiende el tiempo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, al pasar de los 3 días en la actualidad a 24.

Además permite que sea un comité formado por oficiales del Gobierno y las fuerzas de seguridad el que emita órdenes de arresto, en vez de los tribunales, algo anticonstitucional según algunos expertos.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha criticado al Gobierno de Duterte por su "guerra contra las drogas", pidió al presidente que no firmara la ley por la amenaza que supone para los activistas y disidentes.

Human Rights Watch también ha expresado su preocupación por que la ley permita los arrestos sin orden judicial y "semanas de detención en régimen de incomunicación, lo que facilita la tortura y el maltrato".

Filipinas tiene dentro de sus fronteras la amenaza de varias insurgencias catalogadas como terroristas: organizaciones yihadistas afines al Estado Islámico en la isla sureña de Mindanao y la guerrilla comunista más antigua de Asia, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), ala militar del ilegalizado Partido Comunista.