EFEGinebra

La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el Ejército birmano para que acabe con su violenta represión y reinstaure el poder civil, señaló hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a pocos días del aniversario del golpe de Estado en el país asiático.

Al menos 1.500 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) desde el golpe del 1 de febrero de 2021, una cifra que según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet no incluye a miles de fallecidos a causa de la intensificación de los conflictos internos.

"El pueblo birmano ha pagado un alto coste en vidas y libertades, y continúa abogando sin descanso por la democracia", subrayó la alta comisionada en un comunicado donde pidió a los gobiernos unirse al llamamiento por "una restauración de los derechos humanos y la democracia en Birmania".

La expresidenta chilena ha conversado esta semana con testigos de la represión del Tatmadaw (Ejército birmano) que, según contó, "ofrecieron espeluznantes testimonios de torturas a periodistas, trabajadores intimidados, silenciados y explotados, persecución a minorías o detenciones arbitrarias", entre otros abusos.

Estos protagonistas de la represión "han pedido a la comunidad internacional que no les abandone y tome medidas enérgicas y eficaces para garantizar que sus derechos humanos son protegidos y el ejército rinde cuentas", afirmó Bachelet.

La persecución de minorías étnicas y religiosas como los rohinyá, los juicios sin garantías para opositores políticos o los ataques indiscriminados incluso mediante bombardeos "muestran el grave desprecio por la vida humana" del actual régimen, agregó la alta comisionada.

La oficina de Naciones Unidas ha documentado en los últimos 12 meses la detención arbitraria de 11.787 personas por manifestar su oposición al régimen militar en manifestaciones pacíficas o a través de las redes, de los que 8.792 siguen bajo custodia.

Al menos 290 detenidos fallecieron durante su cautiverio, en muchos casos a causa del uso de tortura contra ellos, denunció el comunicado de la institución.

Durante este año, además, los enfrentamientos armados han aumentado en frecuencia e intensidad en el país del sur de Asia, y en las regiones más castigadas por la violencia (los estados de Sagaing, Chin, Kachin, Kayah y Kayin) el ejército ha tomado represalias contra las comunidades locales por su supuesto apoyo a insurgentes.

Estas represalias, denunció la oficina, han incluido incendios de aldeas en los que se han destruido lugares religiosos e instalaciones sanitarios, así como detenciones masivas, ejecuciones sumarias y torturas.

A esta violencia se han sumado coyunturas como la pandemia de COVID-19 y una crisis en numerosos sectores que ha llevado al país "al borde del colapso", con algunas proyecciones que indican que casi la mitad de los 54 millones de habitantes del país podrían caer en la pobreza este año.

"La población birmana ha mostrado un extraordinario coraje y resiliencia a la hora de defender sus derechos humanos más básicos y apoyarse mutuamente. Ahora es la comunidad internacional la que debe mostrar decisión a la hora de apoyarles con acciones concretas que pongan fin a esta crisis", subrayó Bachelet.

En este sentido, aseguró la alta comisionada, aunque el golpe de estado y la violenta represión posterior fueron universalmente condenados, "la respuesta internacional no ha sido efectiva y ha carecido del sentido de urgencia que merece la magnitud de la actual crisis".

Las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático han sido insuficientes para convencer al ejército birmano de que detenga su violencia y facilite acceso a la ayuda humanitaria, lamentó el comunicado.