EFENaciones Unidas

La ONU instió este lunes al Gobierno de Filipinas a que permita que la periodista filipina Maria Ressa viaje a recoger el premio Nobel de la Paz que le fue concedido este año por sus esfuerzos para "salvaguardar la libertad de expresión" en su país, que le sería entregado el próximo 10 de diciembre.

"Estamos ciertamente muy preocupados por las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno de Filipinas sobre Maria Ressa, que le impiden viajar para recibir en persona el Premio Nobel de la Paz", dijo en una rueda de prensa Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

"Instamos al Gobierno de Filipinas a retirar inmediatamente cualquier restricción y que le permitan viajar a Oslo", insistió Dujarric, que señaló que es un asunto importante para la ONU no sólo por una "cuestión de principios", sino también porque la propia organización recibió el mismo galardón el año pasado, concretamente su Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El pasado viernes, el fiscal general de Filipinas, Jose Calida, presentó un recurso a la Corte de Apelaciones para que se le deniegue a Ressa el permiso que ha solicitado para viajar a la capital de Noruega por ser un "viaje de riesgo", según informó el portal de noticias Rappler, que fundó y dirige la propia premiada.

"Sus críticas recurrentes a los procesos legales de Filipinas ante la comunidad internacional revelan su falta de respeto por el sistema judicial, lo que lo convierte en un vuelo de riesgo", argumentó el fiscal Calida en su escrito.

La periodista filipina estaba la semana pasada en Harvard, en Estados Unidos, donde fue para dar una serie de conferencias tras recibir la autorización de la Corte de Apelaciones, que exigió que estuviera de vuelta en Filipinas esta semana.

Ressa, que fue reconocida con el Nobel junto con el reportero ruso Dmitri Murátov, se enfrenta a seis casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, y además fue condenada en junio 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino.

Por este último caso se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, aunque se encuentra en proceso de apelación, pero la condena podría ascender a varias décadas si es declarada culpable de los otros cargos financieros.

Ressa está sometida a una campaña de persecución judicial desde que empezó a investigar la guerra contra las drogas emprendida en 2016 por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y su lucha contra la desinformación y las noticias falsas.