EFEGinebra

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, pidió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elecciones libres y una investigación internacional sobre los abusos contra manifestantes tras más de un mes de protestas, y ello pese al intento de Minsk y sus aliados de boicotear el debate.

El embajador bielorruso en Ginebra, Yury Ambrazevich, exigió al Consejo que no se emitiera el mensaje por videoconferencia de la opositora, refugiada en Lituania tras las elecciones del 9 de agosto, y sus protestas por el formato del debate fueron apoyadas por Rusia, China y Venezuela, lo que no impidió que éste continuara.

"La situación en Bielorrusia exige atención internacional. Manifestantes pacíficos han sido detenidos ilegalmente, golpeados y violados, y algunos han sido hallados muertos", denunció Tijanóvskaya en su mensaje.

RECLAMACIÓN DE OBSERVADORES INTERNACIONALES

La líder opositora en el exilio afirmó que entre las demandas de "la mayoría democrática de bielorrusos" está la de que su Gobierno autorice una misión internacional "para documentar las atrocidades del régimen".

También reclamó que Lukashenko permita la entrada en el país de la relatora de las Naciones Unidas para Bielorrusia (Anaïs Marin, quien también intervino hoy), el fin de la violencia contra los manifestantes y la liberación inmediata de prisioneros políticos.

"Finalmente, exigimos elecciones libres y justas para que los ciudadanos de Bielorrusia puedan elegir su gobierno", señaló la candidata independiente, que en las elecciones de agosto consiguió, según el recuento oficial no reconocido por la oposición, el 10 por ciento de los sufragios.

La relatora de Naciones Unidas para Bielorrusia, en un mensaje que también fue interrumpido en varias ocasiones por delegaciones afines a Minsk, insistió en el carácter fraudulento de las elecciones de agosto y pidió mayor atención internacional a ese país para "no permitir que otro Telón de Acero caiga en Europa".

Recordó que varios candidatos de la oposición (entre ellos el esposo de Tijanóvskaya) fueron apeados por las autoridades de la liza electoral, a lo que se añadió un fraudulento recuento de votos que dio a Lukashenko, en el poder desde 1994, más del 80 por ciento de los sufragios, similar porcentaje al de las cinco presidenciales celebradas en las últimas tres décadas.

Marin denunció que más de 10.000 personas fueron detenidas en manifestaciones pacíficas tras las elecciones, y subrayó que "la policía usó excesivamente la fuerza para arrestar de forma indiscriminada a manifestantes, periodistas, personas que pasaban junto a las protestas, mujeres y niños".

La relatora aseguró hoy que "durante esta ola de represión indiscriminada y brutal hemos recibido denuncias de más de 500 casos de tortura cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado".

El embajador bielorruso rechazó ante el consejo las "acusaciones sin fundamento" contra el Gobierno de Lukashenko, "dirigidas a socavar unas elecciones en las que el pueblo ya expresó su voluntad" mientras la oposición no reconoce su derrota.

El diplomático tachó de "inaceptable" el debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en su país --organizado a petición de la Unión Europea--, que consideró una injerencia en los asuntos internos de su país, además de un diálogo en el que "se diseminó información sin pruebas".

Ambrazevich aseguró que muchas de las protestas postelectorales se orquestaron desde el exterior del país, a través de las redes sociales, "coordinando tácticas y amenazas de violencia contra los familiares de agentes de la ley".

RESOLUCIÓN FINAL CON EXIGENCIAS A LUKASHENKO

Tras un tenso debate, el consejo aprobó una resolución que pide al Gobierno de Bielorrusia el fin de la violencia contra los manifestantes tras semanas de protestas por el resultado de las elecciones, así como la liberación de los presos políticos.

La resolución, aprobada con 23 votos a favor, dos en contra y 22 abstenciones, pide a las autoridades bielorrusas que "cesen el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, incluyendo la tortura y otros tratos crueles e inhumanos", así como el fin de las detenciones arbitrarias con motivaciones políticas.

Asimismo exige "la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de comités de huelga, estudiantes y otros detenidos antes, durante y después de las elecciones presidenciales por ejercer su derecho a ejercer sus libertades fundamentales".

El documento urge a las autoridades a permitir una investigación independiente de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en la actual crisis, y un seguimiento de cerca de la situación por parte de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La resolución fue principalmente apoyada por los países europeos, promotores de que la crisis bielorrusa se debatiera en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, mientras que Venezuela y Eritrea fueron los miembros del órgano que votaron en contra.

Rusia, por su parte, presentó hasta 17 enmiendas al texto, todas ellas desechadas en sendas votaciones, y acusó a la Unión Europea de "usar el Consejo de Derechos Humanos para desestabilizar la situación de Bielorrusia y desatar una crisis interna".

El consejo "no tiene mandato para interferir en unas elecciones", aseguró el representante del Gobierno de Rusia, principal protector en las últimas décadas del régimen de Lukashenko.

Antonio Broto