EFEEl Cairo

La oposición sudanesa encabezada por Fuerzas de Libertad y el Cambio negó hoy querer haber dado un golpe de estado contra el Consejo Militar Transitorio (CMT), que gobierna Sudán, tal y como los militares les acusaron anoche, y apuntó que ellos pretenden crear una brecha interna dentro de la alianza.

"El intento de acusar a las Fuerzas de Libertad y el Cambio de los golpes es un intento de tapar el sol con el dedo (...) además de intentar crear una distancia" en la alianza y "crear contradicciones entre ellas", según un comunicado de la oposición, que lidera las protestas en el país africano desde diciembre.

La oposición hace referencia a la rueda de prensa celebrada anoche en Jartum en la que el portavoz del llamado Consejo Militar Transitorio, Shamsaldín Kabashi, afirmó que "el ambiente débil y económico animó a unos militares y políticos, unos de ellos de las Fuerzas de Libertad y Cambio que negocian y trabajan con nosotros, a planear golpes".

"Hay más de un golpe militar que fue planeado últimamente y que fue frustrado. Se planearon por dos grupos diferentes que pertenecen a dos partes diferentes, y están detenidos y bajo investigación un grupo de cinco y otro de doce", reveló Kabashi.

Ayer, la junta militar también reconoció haber ordenado actuar contra los manifestantes el pasado día 3 de junio durante la sentada, lo que causó 113 muertos según un comité médico opositor, aunque la junta rebajó la cifra a 61.

"Repetimos nuestras disculpas por lo que ocurrió. Hubo desviaciones en los planes de los líderes militares y hubo violaciones cuando se dispersó" a los concentrados, que llevan desde principios de abril frente a la sede del Ejército en Jartum y en los alrededores.

Se justificó diciendo que las fueras militares "no penetraron mucho" en la zona de la sentada y que los problemas se generaron en otra área aledaña donde había "militares indisciplinados de diferentes fuerzas, especialmente jóvenes".

La oposición arguyó que esta versión "contradice claramente" otras anteriores que ha ofrecido la junta desde el día del suceso e insistió en que es "un crimen contra el pueblo sudanés que requiere una investigación imparcial para llevar a cabo la justicia y juzgar de manera transparente a sus autores".

Kabashi indicó que mañana, sábado, revelarán los detalles de la investigación sobre el suceso del pasado día 3.

Por su parte, la directora adjunta del Programa Regional para África Oriental de Amnistía Internacional (AI), Sarah Jackson, afirmó hoy en un comunicado que "es completamente indignante e inaceptable que lo que ahora se ha confirmado como un ataque cuidadosamente planeado contra manifestantes se haya reducido al mismo tiempo a un error ".

“El asesinato sin sentido de los manifestantes debe detenerse de inmediato, y los responsables del baño de sangre, incluso a nivel de comando, deben rendir cuentas por sus acciones", indicó en la nota.

"Tras esta admisión ahora es más urgente que nunca, en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, que las autoridades militares permitan el escrutinio internacional y las investigaciones de Naciones Unidas y la Unión Africana sobre la escalada de las violaciones de los derechos humanos bajo su vigilancia", añadió.

El desalojo de la sentada provocó al suspensión de las negociaciones y la intervención de Etiopía como mediador para la reanudación de las conversaciones para intentar formar el llamado Consejo Soberano que dirija hasta las elecciones en el país africano, gobernado durante 30 años por Omar al Bashir, derrocado el pasado abril por la presión de las protestas.