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La Fiscalía española sostuvo este martes la acusación de rebelión para los líderes independentistas catalanes y los responsabilizó de protagonizar "un golpe de Estado", con uso de violencia, durante el proceso secesionista ilegal de octubre de 2017.

El Ministerio Público abrió el turno para exponer sus conclusiones tras casi cuatro meses de proceso judicial en el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo, entre otros, al exvicepresidente del Gobierno regional de Cataluña Oriol Junqueras.

A él, la Fiscalía lo considera el "motor principal de la rebelión", por lo que pide para él 25 años de cárcel.

Destacan también los 17 años que solicita para la expresidenta del parlamento autonómico Carme Forcadell, el diputado Jordi Sánchez, y el líder de la organización soberanista Omniúm Cultural Jordi Cuixart.

Para el resto de los procesados, varios de ellos exconsejeros del gabinete del expresidente regional Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española en Bruselas, mantiene penas que van desde los 7 a los 16 años de prisión.

Según la legislación española, la acusación de rebelión se dirige a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva unas penas que van de 10 a 30 años.

Sin embargo, el delito de sedición, por el que apuesta la Abogacía del Estado, implica que no hubo un alzamiento violento y está penado con entre 10 y 15 años de cárcel.

Los principales hechos juzgados estos meses, y en los que Fiscalía basa el delito de rebelión, se produjeron entre septiembre y octubre de 2017.

Uno de los más graves fue el intento de una multitud de impedir el registro de las Fuerzas de Seguridad a la sede del departamento regional de Economía en Barcelona, que pretendía evitar la celebración del referéndum ilegal de independencia.

El asedio a la sede, encabezado por los líderes sociales independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión provisional y para quienes la Fiscalía pide 17 años de cárcel, terminó con varios coches de la Guardia Civil dañados y ha sido clave para demostrar la existencia de violencia.

Además de en lo sucedido ese día, el juicio también ahondó en lo ocurrido durante la celebración del la consulta secesionista ilegal, el 1 de octubre de 2017, que había sido previamente prohibido por el Tribunal Constitucional.

También, la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña que culminó con el cese al completo del gabinete del expresidente regional Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y residente actualmente en Bélgica, y la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española.

La aprobación de ese artículo en el Senado español supuso que el Gobierno central, presidido entonces por el conservador Mariano Rajoy, asumiera todas la competencias autonómicas catalanas.

Además de concluir que el proceso separatista fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (delito de malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (delito de desobediencia), la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que si los acusados son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena.

Eso impediría al Gobierno regional de Cataluña (que tiene las competencias penitenciarias) aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

Además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado también presentó sus conclusiones en las que mantuvo su acusación solo por un delito de sedición y la petición inicial de penas que van desde los 7 a los 12 años.

La formación ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular, pidió "una sentencia que tenga una finalidad de castigo y disuasoria" para que "nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional español".