EFEBangkok/Rangún (Birmania)

La junta militar birmana obtuvo este miércoles su primer reconocimiento internacional tácito por parte de Tailandia con el viaje a Bangkok de su ministro de Exteriores, Wunna Maung Lwin, mientras busca afianzarse en el poder con movimientos políticos internos en un clima de constantes protestas en el país.

La visita del titular birmano coincidió con el viaje a Bangkok de la ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, que terminó reuniéndose con sus homólogos birmano y tailandés, como parte de sus intentos de mediar para impulsar una respuesta regional al golpe de Estado de Birmania.

La canciller indonesia tenía previsto viajar a Birmania este jueves, pero un portavoz del ministerio señaló que "después de tener en cuenta la actual situación y tras las consultas con otros países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), este no es el momento ideal".

Hasta el momento, Indonesia, Malasia y Singapur son los países de la ASEAN que se han mostrado más críticos con el golpe de Estado en Birmania, aunque otros miembros, como Filipinas, Camboya o Tailandia han preferido no hacer ningún comentario negativo.

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, no quiso confirmar a los medios que se reunió con Wunna Maung Lwin, nombrado por los militares golpistas como ministro de Exteriores en sustitución de Aung San Suu Kyi, que era también la consejera de Estado y que lleva en arresto domiciliario desde el golpe.

"Algunos asuntos deberían ser confidenciales. Es un asunto del Ministerio de Exteriores. Como vecinos deberíamos escucharnos los unos a los otros en favor de la estabilidad. Eso es todo", dijo de manera críptica.

Prayut sí admitió hace días haber recibido una carta del jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, en la que le pedía "apoyar la democracia en Birmania", un paso interpretado por algunos analistas como un intento de imitar la conversión tailandesa de régimen militar en una democracia reconocida.

Mientras busca ganar legitimidad externa con sus vecinos del Sudeste Asiático, la junta militar trató de reforzar su posición dentro del país con el nombramiento como portavoz de Zaw Htay, que hasta el golpe de Estado del 1 de febrero ejerció el mismo cargo para Suu Kyi.

Este antiguo militar había sido una de las voces más contundentes contra las denuncias de fraude electoral en las elecciones de noviembre de una parte del Ejército, que terminaron desembocando en el golpe de Estado del 1 de febrero.

VUELVEN LAS PROTESTAS

La contestación interna al régimen sigue sin decaer, con miles de personas que volvieron este miércoles a tomar las calles de las principales ciudades de Birmania contra el golpe y contra la violencia policial, que ha costado la vida a tres personas, incluido un menor.

En Rangún, la ciudad más poblada del país, la manifestación más concurrida fue la de los grupos étnicos minoritarios, que además de exigir el fin del régimen militar y la liberación de los presos políticos, piden una república federal y el fin de la Constitución vigente, aprobada en 2008.

Otro de los puntos calientes de las protestas en la urbe fueron algunas embajadas, especialmente la de Indonesia, frente a la que por segundo día consecutivo centenares de personas se manifestaron para pedir que no se reconozca como gobierno legítimo a la nueva junta militar.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada, a las protestas de estudiantes, monjes y profesores se sumó un homenaje fúnebre a Wai Yan Tun, de 16 años, uno de los fallecidos por la violencia policial durante una protesta del pasado sábado.

La junta militar, que perpetró el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, advirtió el lunes a los manifestantes de que "el camino de la confrontación" supondrá la pérdida de vidas.

EMBARGO DE ARMAS

Estas violaciones de derechos humanos y la detención de casi 700 personas desde la asonada fueron el principal argumento de más de un centenar de organizaciones garantes de los derechos humanos para pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga urgentemente un embargo internacional a la venta de armas a Birmania.

"Aumenta nuestra preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos y el historial de graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los críticos pacíficos del gobierno militar", apunta la carta firmada por 137 ONG de 31 países, entre ellas Human Rights Watch y Fortify Rights.

Según estos grupos, los países miembros de la ONU deben adoptar medidas para bloquear la venta de armas al país asiático hasta que actúe el Consejo de Seguridad.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño y en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.