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El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, miembro de la comisión presidencial para el cambio de Constitución, aseguró hoy a Efe que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pondrá su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que será elegida el 30 de julio.

"Tengo noticias de que el presidente Nicolás Maduro pondrá su cargo a la orden", dijo Escarrá para luego explicar que la ANC podrá confirmarlo en el cargo, así como a los gobernadores y alcaldes que emulen la decisión del primer mandatario.

El abogado recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) también hizo una "resignación de los poderes presidenciales" ante la Asamblea Constituyente que redactó la actual Carta Magna en 1999.

Sin embargo, aclaró que esto no es obligatorio sino, por el contrario, "un acto litúrgico" de reconocimiento al poder extraordinario de la ANC.

Explicó que desde el oficialismo se estima que la Asamblea discuta durante 12 meses el nuevo ordenamiento jurídico, por lo que este se estaría sancionando para agosto de 2018 y, según exhortó el Ejecutivo, sería posteriormente sometido a referendo aprobatorio.

En este sentido, subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018 y que estas no podrán ser cambiadas de fecha por mandato constitucional.

Escarrá consideró también que una vez instalada la Asamblea, a principios de agosto, "será difícil los primeros días" debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 hasta que surja un nuevo esquema de trabajo.

Las normas de 1999, explicó el jurista, contemplan que la ANC podrá "limitar, decidir, cesar y sustituir" de sus actividades a los titulares de todos los poderes públicos pero, consideró, aplicar este apartado "en una sociedad polarizada como esta podría conflictuar más" el escenario político.

Ante ello, Escarrá se mostró a favor de la búsqueda de consensos y recordó que durante el proceso constituyente de 1999 imperó la convivencia entre los poderes y no hubo ninguna destitución de altos funcionarios.

Desde el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) los dirigentes han manifestado su intención de allanar la inmunidad a diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición; y destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una vez instalada la ANC.

Por su parte, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha rechazado participar en este proceso que califica de fraudulento y, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles como viene ocurriendo desde hace 80 días, protestas que han dejado 74 fallecidos.