EFEBuenos Aires

El Gobierno de Argentina defendió este jueves su accionar en el caso del avión venezolano-iraní que se encuentra incautado en el país suramericano y sus tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos, están siendo investigados por la Justicia.

"El Gobierno argentino cumplió con todo lo que tenía que cumplir y ahora hay una causa en la Justicia y será la Justicia la que deba determinar los pasos a seguir", dijo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa.

El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y el 8 de junio despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

En Argentina, las petroleras no cargan combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos.

A la vuelta de Uruguay y tras recibir una alerta de diversas agencias internacionales, las autoridades argentinas inmovilizaron la aeronave y se ordenó la retención de los pasaportes de los cinco iraníes.

La Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional.

En ese marco, el juez federal Federico Villena retiró los pasaportes a toda la tripulación -cinco iraníes y catorce venezolanos- e incautó el avión, en tanto, un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona señaló la necesidad de proseguir la investigación respecto del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga.

La fiscal observó que el FBI informó que el piloto del avión es director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air, empresa que proporciona asistencia a la fuerza Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán- y a Mahan Air, las cuales han sido calificadas como "entidades terroristas".

Para la fiscal, se debe indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a Argentina fue exclusivamente para transportar partes y piezas para automóviles o si estuvo eventualmente orientado a un "acto de preparación para proveer bienes o dinero" que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo.

La irrupción de esta aeronave provocó un revuelo mediático y cuestionamientos de la oposición en Argentina, un país que sufrió dos atentados terroristas en la década del 90 -a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la embajada de Israel en Buenos Aires- que la Justicia local relaciona con personas poderosas de Irán y el grupo Hezbolá.

"El Gobierno argentino sostiene que cumplió todos los pasos, hizo todo lo que había que hacer", insistió Cerruti, que la semana anterior había acusado a los medios de construir una "novela periodística" en torno a este caso.