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El Gobierno interino de Bolivia considera "muy venidas a menos" las relaciones diplomáticas con Argentina, donde se encuentra el expresidente boliviano Evo Morales.

"No es la mejor que hubiese querido este Gobierno", dijo este martes la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a preguntas de los medios.

Karen Longaric aseguró que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez hizo esfuerzos para una relación "cordial y cooperativa" con el de Alberto Fernández, pero la respuesta argentina fue "muy descortés, para nada apropiada" en el ámbito diplomático.

La responsable transitoria de Exteriores de Bolivia recordó que además de ser países vecinos, muchos bolivianos viven en Argentina.

Longaric subrayó que Bolivia siempre defenderá el respeto a su soberanía y asuntos internos, como hizo recientemente en cartas de protesta contra Argentina enviadas a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las cartas fueron enviadas a comienzos de este mes como queja por lo que Bolivia considera una "intención de injerencia" en asuntos internos por parte de Argentina, a los secretarios generales de la ONU, António Guterres, y de la OEA, Luis Almagro.

Las misivas indican que en agosto pasado el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, publicó en redes sociales que se reunió con Evo Morales y se comprometió a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en las elecciones generales para que "Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático".

Bolivia mantiene protestas ante Argentina desde que llegó a ese país en diciembre pasado Morales, quien desde Buenos Aires ejerce de jefe de campaña de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) para los comicios de octubre en Bolivia, al entender que si está asilado o refugiado, el Gobierno argentino no debería permitir que haga pronunciamientos políticos.

El exmandatario ha declarado que si su partido gana las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia, al día siguiente volverá a su país, aunque la Fiscalía boliviana le reclama que comparezca por distintas acusaciones como genocidio, terrorismo y sedición, algunas presentadas por el Gobierno interino de Áñez.