EFEWashington

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzaron este jueves una investigación para esclarecer los actos de violencia de las protestas de finales de 2019, que dejaron una treintena de muertos.

La investigación estará dirigida por un Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que tendrá un mandato de seis meses, aunque podrá extenderse si ambas partes lo acuerdan, informó en una rueda de prensa en Washington el secretario adjunto de la Comisión, Paulo Abrão.

El grupo estará integrado por cuatro expertos que han sido seleccionados por la CIDH por su reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos.

Entre los integrantes figuran dos argentinos: Juan Méndez, que fue relator especial de la ONU para la tortura; y Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, con sede en Buenos Aires.

Además, participarán el fiscal brasileño Marlon A. Weichert, que participó en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes durante la dictadura en Brasil, y el académico Julian Burger, que durante más de 20 años dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra.

"El objetivo claramente es obtener justicia para todas las víctimas", subrayó Abrão.

El grupo se limitará a investigar los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, coincidiendo con las protestas que sacudieron Bolivia.

En concreto, las elecciones de octubre, en las que Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo, desembocaron en una grave crisis política y social entre denuncias de fraude electoral a su favor, hasta que en noviembre renunció forzado por los militares denunciando que era víctima de un golpe para sacarlo por la fuerza del poder.

La violencia en esos meses dejó al menos 35 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

En declaraciones a Efe, Longaric explicó que el Gobierno de Jeanine Áñez decidió invitar a la CIDH a visitar Bolivia tras el informe que el organismo publicó en diciembre, en el que calificaba de "masacres" algunos de los hechos violentos.

"Anteriormente -dijo Longaric- la CIDH emitió un informe preliminar que, en nuestro criterio, no correspondía a la verdad de los hechos ocurridos en Bolivia. Nos preocupó ese informe preliminar porque no fue emitido bajo un criterio de objetividad, no se había consultado a todas las instancias que se debía y nos inquietó".

Por eso, la titular de Exteriores invitó a la Comisión a investigar los hechos "bajo un espectro más amplio".

Longaric explicó que el Estado de Bolivia se ha comprometido a garantizar el acceso de los expertos a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados tras las protestas.

"Los expertos tendrán amplia libertad para desplazarse por todo el territorio nacional, para investigar los hechos en todos los escenarios y para acceder a todas las autoridades y la población civil que ellos quieran consultar con el objetivo de esclarecer esos hechos", detalló a Efe.

Longaric participó también este jueves en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esa cita, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Áñez y Longaric por los "esfuerzos realizados para lograr elecciones inclusivas, competitivas y confiables".

Bolivia celebrará nuevas elecciones generales el 3 de mayo, en las que Morales no podrá ser candidato. EFE

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