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La Coalición Nacional, el grupo opositor más amplio de Nicaragua, denunció este miércoles ser víctima de asedio por parte de agentes de la Policía, “fuertemente armados”, un día después del lanzamiento oficial del movimiento, que busca un retorno a la democracia sin el presidente Daniel Ortega.

Decenas de agentes de policía integrados en varias patrullas permanecen en los alrededores de la sede de la Coalición Nacional, en Managua, donde detienen e interrogan a cada persona que pasa por la calle, denunció el movimiento.

“Patrullas de policías con oficiales fuertemente armados están haciendo presencia (…), están entrevistando a la gente, bajándolos de los vehículos, los están revisando”, dijo el director el dirigente de la Coalición, Juan Sebastián Chamorro.

Olama Hurtado, integrante de la Coalición Nacional, afirmó que los policías mantienen presencia en los tres puntos de acceso al edificio y realizan inspecciones y toman fotografías desde el exterior, aparentemente en busca de puntos de ingreso alternativos a las puertas principales.

La Policía de Nicaragua ya había anunciado reforzamientos en sus “planes de seguridad ciudadana” desde el pasado fin de semana, lo que fue interpretado por la oposición como un incremento del asedio contra la población civil.

“Condenamos la escalada de la ola represiva iniciada el fin de semana pasado por la policía orteguista”, destacó la coalición en un comunicado.

Aunque la presencia policial en las cercanías del edificio es permanente, la detención, revisión, petición de datos, e interrogatorios, se dio a partir de hoy, un día después del lanzamiento oficial de la Coalición Nacional, integrada por tres movimientos y cuatro partidos políticos opositores, con el objetivo de restablecer la democracia en Nicaragua.

La Coalición Nacional, es integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN, antigua “Contra”), el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el partido indígena Yatama (“Hijos de la madre tierra” en lengua miskita).

La Coalición Nacional aspira a ser la versión moderna de la Unión Nacional Opositora (UNO), que en 1990 derrotó en las urnas a Ortega, quien lleva 13 años en el poder, tras haber gobernado durante una década a partir de 1980.

La acción policial se da en medio de una crisis que, desde el estallido social contra Ortega, en abril de 2018, ha dejado cientos de civiles presos, muertos o desaparecidos, miles heridos, y decenas de miles en el exilio.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua como responsable de la violencia, que incluye crímenes “de lesa humanidad”.

Ortega, quien reconoce 200 muertos, alega que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.

Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en marcha contra Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería al país del organismo.