EFETegucigalpa

El caso que involucra a 38 personas, de las que 19 fueron enviadas hoy a prisión, en el desvío de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en los comicios de 2013, es una de las mayores "pruebas de fuego" que afronta Honduras y su sistema de justicia.

La jueza Lidia Álvarez dictó este lunes la detención judicial y remitió a prisión a 19 personas, incluidos los diputados Elvin Santos, del opositor Partido Liberal, Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua, del Partido Nacional (en el poder) y el parlamentario suplente, Lenin Rigoberto Rodas Velázquez, del minoritario Unificación Democrática, todos acusados de lavado de dinero.

Asimismo, decretó el arresto domiciliario de Belkis Rosibel Hernández, acusada de "cuatro delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública", ya que tiene un hijo en período de lactancia.

Las 38 personas, entre ellas el exministro de Finanzas William Chong Wong, que falleció el pasado 17 de junio a causa de un cáncer, son acusadas de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, según la denuncia presentada el mes anterior por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).

El caso, conocido como "Pandora", es "una prueba de fuego para el país" y puede "sentar un precedente con relación a los límites que tienen los partidos políticos en su financiación de sus actividades y los límites que tienen los funcionarios públicos cuando se les coloca recursos a su disposición", dijo a Efe el analista y docente universitario Miguel Cálix.

Agregó que la clave en este caso es "conocer quién desvío los recursos" que en principio estaban destinados, según la investigación, a "fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas", pero que fueron utilizados para la financiación de "campañas políticas" del Partido Nacional y el Liberal en las elecciones de 2013.

El analista indicó que este caso demostrará "el modus operandi" de los partidos políticos en Honduras y aseguró que "lo más grave sería descubrir que los recursos que se desviaron para la actividad partidaria, no llegaron si quiera a las actividades políticas".

Lo relevante del proceso "es el perfil de los procesados", enfatizó Cálix, e insistió en que si los imputados presentan "las pruebas de descargo y de defensa apropiada", el caso será "una prueba de fuego" para el país, especialmente para la Ufecic, que deberá demostrar "la calidad de sus acusaciones".

Al igual, los juzgados hondureños pondrán "a prueba su capacidad de juzgar en delitos de gran complejidad y con un perfil alto de sus investigados", destacó el analista.

Tras conocer la resolución, el diputado Elvin Santos dijo en un mensaje en Twitter que confía "fielmente en la justicia hondureña y en el debido proceso legal que se realizará en este juicio".

"Y con toda certeza de que mi inocencia se comprobará", afirmó y además agradeció a Dios, su familia y militantes del Partido Liberal por su apoyo.

Por su parte, el portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva, dijo a periodistas que la orden de captura contra los otros acusados que no se presentaron a la audiencia de imputado "sigue vigente".

El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.

Di Battista denunció una "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas" y, según la investigación, los recursos fueron "depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal".