EFEGuatemala

El diputado conservador Fernando Linares Beltranena anunció este lunes que entregó al presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú, un decreto para acabar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"Como en el 2007 hubo un decreto del Congreso respaldando la decisión del Ejecutivo (para la creación de este ente auspiciado por Naciones Unidas) es menester que el mismo Congreso termine con ese decreto", declaró a los medios el diputado, del Partido de Avanzada Nacional, aliado al oficialismo.

Beltranena, quien reconoció que él mismo preparó este documento y que se lo entregó a Arzú para que busque "los consensos", dijo que el objetivo es "terminar con el acuerdo con Naciones Unidas que le dio vida a la Cicig", y por ello en su parte "considerativa" recuerda que como el Congreso lo avaló también es su función cancelarlo.

"Como el Congreso respaldó la decisión del Ejecutivo, al Congreso le corresponde terminarlo", reiteró, y añadió que a la Comisión se le dieron "tantos poderes" que "se creó un organismo impune" que ya "no sirve".

Beltranena, además, insinuó que este tema pudo haber sido tratado en las dos reuniones privadas que mantuvieron últimamente los presidentes de los tres poderes del Estado.

Esa posibilidad fue rechazada por el presidente del Legislativo, quien aseguró que el parlamentario no estuvo presente en esas citas, que su señalamiento es una "irresponsabilidad" y que los encuentros fueron "cortesía".

El presidente del Organismo Judicial, Nester Vásquez, dijo que todo son "especulaciones" y aseguró que aunque "existe separación de poderes debe existir coordinación entre los poderes del Estado para poder realizar cada uno el trabajo que le corresponde en armonía".

En este sentido, reconoció que anteriormente estos encuentros "no existían", pero reiteró que son positivos para la población, aunque insistió en que no se avisa a los medios de comunicación porque son "privados" e "informales".

Además, dijo que no se ha discutido entre los tres presidentes de los tres poderes del Estado la anulación del acuerdo de creación de la Comisión.

A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, anunciada el 7 de enero pasado, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.

Cuando el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, expuso que la Cicig debía abandonar el país, la señaló de haber "violado" las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones, pero la Comisión ha asegurado que seguirá trabajando hasta que finalice su mandato el próximo mes de septiembre.

La Cicig, que fue constituida en el 2006 por un acuerdo firmado entre la ONU y el Estado de Guatemala, entró en funciones en el año 2007 y su mandato fue extendido en cinco ocasiones desde entonces.