EFEAsunción

La Cámara de Diputados de Paraguay debatirá en febrero, en pleno receso veraniego, dos proyectos de ley de financiación de partidos que dividen a la clase política, y en medio de un escándalo que estalló en una formación de izquierda por un presunto origen irregular de sus recursos.

La Comisión Permanente del Congreso, que funciona durante cada parón estival del 21 de diciembre al 1 de marzo, aprobó este martes por mayoría de sus 18 miembros convocar para el 4 de febrero la sesión extra que fue solicitada por un grupo de 24 diputados, en su mayoría de la oposición.

El tema central de la sesión, para la que se requerirá una mayoría simple de los 80 diputados, será un proyecto que modifica el Código Electoral y otra que cambia la ley que regula la declaración jurada de los funcionarios públicos.

El primer documento establece la trazabilidad del control del dinero en las campañas proselitistas, mientras que el segundo pretende una modificación que establezca la publicación de la declaración jurada de bienes, sin necesidad de una orden judicial, ni otro trámite, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.

Esos proyectos en esencia obligarán a las organizaciones políticas a denunciar operaciones dudosas de aporte y a los candidatos a rendir cuentas antes, durante y después del proceso, no al final como hasta ahora.

Otra novedad es la imposición de la "declaración de intereses" que pretende determinar la vinculación del candidato a un cargo electivo al sector económico que aporta su campaña, además de la declaración jurada.

Todos esos datos deberán ser de libre acceso a la ciudadanía a través del portal de la Justicia Electoral y de las autoridades de supervisión e investigación como la Contraloría y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Se esperaba que esta normativa fuera aprobada antes del receso parlamentario para ser implementada ya en las elecciones internas de los partidos del 12 de julio próximo, y con vistas a las municipales previstas del 8 de noviembre.

La diputada Rocío Vallejo, del minoritario Partido Patria Querida (PPQ), de centroderecha, e impulsora de los dos proyectos, dijo a los medios que la ley de financiamiento político es necesaria "para garantizar el inicio de un proceso de transparencia".

Vallejo hizo esas declaraciones el lunes, después de que el diputado Basilio Núñez, del gobernante Partido Colorado, dijera que algunos de los artículos "son inaplicables" debido a que se basan en el sistema electoral brasileño.

Nuñez recordó además que hay partidos que ni siquiera presentaron su declaración en forma, en referencia al Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS), que el lunes anunció que pedirá a la Justicia Electoral y a la Fiscalía que investiguen su rendición de cuentas de los comicios municipales de 2015.

En esas votaciones fue electo como alcalde de Asunción el independiente Mario Ferreiro, con el apoyo del P-MAS.

Ferreiro renunció el pasado diciembre después de que Camilo Soares, dirigente de ese partido, denunciara la existencia de una presunta recaudación paralela en la administración municipal.

El caso tomó otro giro en los últimos días tras la difusión de un audio en el que se escucha a Soares mencionar a personas y empresas presuntamente vinculadas al exjefe de Estado Horacio Cartes (2013-2018) entre los aportadores de fondos al P-MAS para esa campaña.

Ello volvió a abrir el debate político sobre la financiación de los partidos políticos en Paraguay.

Una misión electoral de la Unión Europea (UE) señaló el pasado diciembre en Asunción que la financiación política es uno de los temas pendientes dentro de las recomendaciones del organismo comunitario tras las elecciones generales de 2018.