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La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y las diputadas Ana Olivera, María Eugenia Roselló y Silvana Pérez se reunieron este miércoles con el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Tabaré Sosa para abordar la necesidad de crear juzgados especializados en violencia de género.

Según informaron fuentes del Senado, Olivera (Frente Amplio, izquierda), Roselló (Partido Colorado, centroderecha) y Pérez (Cabildo Abierto, derecha), junto a la presidenta de la Asamblea General (Partido Nacional, centroderecha), todas integrantes de la Bancada Bicameral Femenina, trasladaron a la SCJ el especial interés del Parlamento en esta cuestión.

"Las legisladoras de todos los partidos manifestamos nuestra voluntad de trabajar en todos los aspectos que sean necesarios para viabilizar lo más pronto posible la instalación de 3 juzgados, que ya venía trabajando el poder judicial, y los 3 procedentes del Presupuesto Nacional", escribió Argimón en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta calificó de "excelente reunión" el encuentro con la autoridad judicial y reconoció que "el propio Poder ya está trabajando en ese tema".

Este número correspondería a los tres juzgados en los que ya se encuentra trabajando el Poder Judicial, además de otros tres procedentes del Presupuesto Nacional, aprobado en diciembre pasado para el quinquenio de Gobierno (2020-2024).

Semanas atrás saltó la voz de alarma cuando la SCJ aseguró que no tenía recursos para la creación de tres juzgados especializados en violencia de género, cuya implementación estaba marcada precisamente en la Ley de Presupuesto.

En ese momento, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, aseguró a Efe que "los juzgados se tienen que crear".

Sin embargo, la no derogación por el Legislativo de parte de un artículo de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género implicaba, explicó Bottero, que los juzgados deban entender en otra materia y tengan "una sobrecarga".

Tras la reunión de este miércoles, la vicepresidenta de Uruguay argumentó que "hay departamentos en los que se hace indispensable avanzar en este tema".

Según las cifras que maneja Inmujeres, las afectadas por violencia machista en los departamentos que van del centro al norte del país están doblemente castigadas ya que culturalmente es muy complicado denunciar y, cuando lo hacen, deben peregrinar por varios juzgados, lo que supone una "revictimización".