EFECochabamba (Bolivia)

José María Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, compareció este jueves en un juzgado anticorrupción para declarar por un caso que está rodeado de sospechas de fuga y dudas sobre una pistola encontrada en su domicilio.

Leyes declaró durante más de nueve horas mientras miembros de su gabinete en la Alcaldía de Cochabamba le mostraron su apoyo, mostrando caretas con su rostro y denunciando que es víctima de una persecución política.

Un juez anticorrupción rechazó un pedido del abogado del alcalde que denunciaba que fue ilegal su aprehensión, que se produjo en la víspera tras ser allanada la vivienda de la autoridad municipal.

El alcalde y tres funcionarios municipales declararon en una audiencia cautelar, en la que el fiscal pidió prisión preventiva por tres meses para la autoridad municipal y que continuaba por la noche hora local.

El abogado Ludwing Ledezma, que representa a concejales que denunciaron al alcalde y los funcionarios por una supuesta contratación irregular, declaró a Efe que la prisión preventiva es procedente ante los riesgos de fuga y de obstrucción a la Justicia.

Ledezma recordó que en el allanamiento en la vivienda de Leyes fue encontrada una libreta con detalles de una posible fuga, al vecino Perú según la Fiscalía, además de un celular oculto en un inodoro con registro de comunicaciones con empleados municipales.

Además, el alcalde seguía en aislamiento en su domicilio pese a haber dado negativo en dos pruebas de coronavirus, según este abogado de los denunciantes.

Varios concejales presentaron denuncia el pasado abril por presunta contratación irregular de una empresa para dar comidas a policías y militares durante la cuarentena por el coronavirus.

El pasado 18 de mayo el alcalde estaba citado a declarar en un juzgado pero alegó que estaba en aislamiento tras haber estado en contacto con enfermos de COVID-19, con síntomas leves de la enfermedad, tras haberle sido rechazado un recurso para evitar la declaración.

El recurso alegaba entre otros motivos que la denuncia se debe a una persecución política, un argumento recurrente por parte del alcalde en anteriores causas en su contra.

Los concejales le acusaron de saltarse el procedimiento administrativo de contrataciones, mientras que el alcalde alega que no es preceptivo porque durante el estado de emergencia sanitaria decretado en Bolivia por el COVID-19 son posibles contrataciones de urgencia sin los trámites habituales.

Leyes fue suspendido del cargo en octubre del año pasado por otros procesos judiciales aún en marcha, también por supuestas irregularidades en contrataciones, pero en febrero se reincorporó en su puesto tras haber llegado a denunciar en instancias de Naciones Unidas que era un "preso político" del anterior Gobierno de Evo Morales.

El político de 42 años, que llegó al puesto en 2015, forma parte del Movimiento Demócrata y Social (MDS), el partido de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.