EFESan José

El Congreso de Costa Rica aprobó hoy una moción en la que tilda de "dictadura" al Gobierno de Nicaragua y pide la acción del Consejo de Seguridad de la ONU para que analice la violenta crisis sociopolítica que sufre ese país desde hace tres meses y que ha dejado más de 350 muertos.

La moción, aprobada con 44 votos de los 57 diputados que integran el Congreso, hace una "excitativa al Gobierno de Costa Rica para que solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determine si existe en Nicaragua una amenaza o quebranto de la paz o un acto de agresión que amerite medidas (...) para restablecer la paz y la seguridad internacionales".

La moción legislativa señala que el Gobierno de Daniel Ortega ha "incurrido sistemáticamente en graves violaciones al orden constitucional y democrático, promoviendo acciones de persecución política, de decisiones judiciales arbitrarias, de inestabilidad institucional y social, que constituyen a su gobierno en una visible dictadura".

El Legislativo costarricense también instó a los parlamentarios democráticos de América Latina a pronunciarse sobre la situación de Nicaragua y que "se procure que vuelva a imperar el civismo, la democracia, el orden constitucional y el respeto de los derechos humanos y políticos".

Los diputados se solidarizaron con el pueblo nicaragüense, instaron al diálogo y pidieron al Gobierno costarricense continuar apoyando las acciones en el marco de las relaciones internacionales en favor de recuperar la paz y la estabilidad en el vecino país.

En una visita el lunes a Costa Rica, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la violencia, calificó como inaceptables las muertes y el uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado, y afirmó que la organización está en disposición de trabajar en facilitar el diálogo para una solución pacífica.

Con más de 350 muertos, la mayoría civiles, en tres meses de protestas contra el Gobierno, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país".