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El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso peruano, Héctor Ventura, dijo este miércoles esperar que el mandatario de Perú, Pedro Castillo, "honre su palabra" y que "no dilate más" su declaración ante este grupo sobre las denuncias de liderar una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.

El grupo parlamentario ha citado a Castillo el próximo lunes para que responda sobre sus reuniones con los imputados en la presunta organización criminal creada para adjudicar obras del Ministerio de Transportes a cambio de beneficios ilegales.

El legislador Ventura escribió, en su cuenta de Twitter, que la comisión brindará a Castillo y a sus abogados las facilidades para que puedan revisar la documentación que tienen sobre el caso en sus oficinas parlamentarias, antes del interrogatorio del próximo lunes.

"La comisión reafirma su compromiso con el debido proceso parlamentario", indicó Ventura y agregó que, por ello, "se les está brindando las facilidades para acceder a la información requerida".

El congresista del partido fujimorista Fuerza Popular subrayó, en su mensaje dirigido a Castillo, que "el país espera su declaración".

El jefe de Estado confirmó el martes que acudirá a la citación del Congreso, después de pedir su reprogramación, y mientras está a la espera de que la Justicia resuelva su pedido de tutela de derechos, que lo podría excluir de la investigación abierta en su contra por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

La investigación del Legislativo se desprende del caso abierto en la Fiscalía contra Castillo por el supuesto delito de organización criminal bajo la hipótesis de que lideraba una mafia al interior del Ministerio de Transportes para adjudicar los contratos públicos a diversos empresarios con el fin de obtener beneficios ilegales.

El fiscal Samuel Rojas, que expuso el caso ante el juez que resolverá la tutela de derechos, expresó hace una semana que "es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado", a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción".

En esa investigación también están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.

Rojas informó, además, que existen audios que revelaron que el empresario Zamir Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) al exministro Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que la colaboradora eficaz Karelim López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en la casa que usó durante la campaña electoral en la calle Sarratea.

A su vez, el secretario general del despacho presidencial, Jorge Alva, le recordó a la comisión de Fiscalización que "no tiene competencia para investigar al presidente" por presuntos delitos comunes durante su mandato porque cuenta con la inmunidad prevista en la Constitución, a excepción de los delitos de traición a la patria o el impedir las elecciones generales.