EFEGuatemala

El Congreso guatemalteco presentó este viernes una denuncia contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron a favor de suspender un ente parlamentario para fiscalizar la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"La denuncia se enmarca en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato", aseguró el Organismo Legislativo en un comunicado.

La denuncia penal, en contra de los magistrados Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vea, es por emitir una resolución que suspende provisionalmente la Comisión Específica de Investigación que verificaba los 12 años de trabajo de la Cicig.

El Congreso entiende que la ley le da facultades para nombrar "comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional" y argumenta que suspender la labor de la comisión es impedir "el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados".

El pasado 7 de octubre, el Constitucional suspendió provisionalmente ese ente parlamentario creado de forma imprevista por el Congreso, pero aún así los diputados se reúnen y escuchan a las supuestas víctimas, pero ya no a través de esa Comisión.

Durante 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de "alto impacto", presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.

Esta comisión parlamentaria, creada de forma imprevista argumentando que la Comisión auspiciada por Naciones Unidas nunca tuvo supervisión, tiene que verificar si el trabajo de la Cicig se enmarcó en lo estipulado en la Constitución y debe investigar "las denuncias presentadas contra la misma".

Entre sus atribuciones estaba determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan "atentado contra derechos fundamentales" de los guatemaltecos, recabar y evaluar información de cualquier persona o entidad que haya sido "víctima" de la Cicig y requerir información a cualquier autoridad, así como declaraciones o documentos, sobre estos actos ilegales.

El acuerdo legislativo también le da potestad para denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que se hayan participado en esos actos, invitar a los financistas de la Cicig para compartir informes financieros y solicitar información a "diferentes Gobiernos" sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la comisión durante los 12 años que operó.

El último punto de estas funciones señala que pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite la "inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país" y que pueda haber cometido "un ilícito" dentro de Guatemala.

El ente investigador del Parlamento estará formado por los diputados Luis Pedro Álvarez (intependiente), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Manuel Conde (Avanzada Nacional), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Visión con Valores), todos aliados al oficialismo, que, desde diversos frentes, minó la tarea de la Cicig desde agosto de 2017.

El 31 de agosto del año pasado, rodeado de militares, el presidente, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos" pese a que cuando asumió el cargo había manifestado en una carta a Naciones Unidas su intención de renovar su labor hasta septiembre de 2021.

Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la Cicig en varias ocasiones y aseguraron que la comisión volvería al país para enfrentar la Justicia, la última de ellas la semana pasada, cuando el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que las repercusiones iban a ser analizadas.