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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú celebrará el 25 de septiembre la audiencia para escuchar los alegatos respecto al recurso presentado por la líder opositora Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que la mantiene recluida desde finales de octubre de 2018 por presuntos actos de corrupción.

La fecha fue anunciada este viernes por el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, justo un día después de que la Corte Suprema redujese el plazo de la prisión preventiva de 36 a 18 meses, una decisión con la que no quedó conforme Fujimori, que busca recuperar de inmediato su libertad.

Blume precisó en declaraciones al Canal N de televisión que el recurso en favor de Fujimori fue presentado por su hermana mayor Sachi.

El magistrado indicó que, al tratarse de un caso emblemático y de interés público, el tribunal le dará prioridad para tener el fallo respectivo en el menor tiempo posible.

"Lo vamos a ver con mucho cuidado", garantizó Blume, quien además será el magistrado ponente del caso por decisión del pleno de este tribunal de garantías.

En ese sentido, el juez constitucional rechazó las especulaciones "sumamente tendenciosas" sobre una presunta inclinación política del tribunal y del mismo Blume.

"Esto afecta la honorabilidad de un magistrado como yo que se guía por sus valores y principios en el marco de la Constitución y de la ley", apuntó.

Asimismo, negó que haya intentado retrasar la asignación de la fecha para la audiencia para esperar un cambio parcial del tribunal, que todavía no llega, y así asegurarse supuestamente más jueces proclives al fujimorismo, que tiene mayoría en el Congreso.

Keiko Fujimori está en prisión preventiva desde finales de octubre de 2018 por presuntamente haber intentado comprar testigos en la investigación por lavado de activos de la que es objeto en el marco del caso de corrupción Odebrecht.

La Fiscalía peruana indaga el rastro del millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht declaró haber donado a Fujimori para financiar su campaña a la Presidencia de Perú en las elecciones generales de 2011.

Sin embargo, Fujimori y su partido Fuerza Popular ocultaron presuntamente esa gran donación con una contabilidad ficticia donde simularon aportes de personas particulares.

Con la última decisión de la Corte Suprema, Fujimori recuperaría la libertad el 30 de abril de 2020 si antes la Fiscalía no ha conseguido formular una acusación que permita llevar el caso a juicio.

Por un caso similar el Tribunal Constitucional ya anuló el año pasado la prisión preventiva que también tenían el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por una presunta donación de Odebrecht de 3 millones de dólares, aunque en su caso no había sospechas de supuesta compra de testigos.