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El Gobierno de Perú presentó este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso para anular una reciente ley del Congreso que limita la facultad del Ejecutivo de presentar una cuestión de confianza.

La ley dictada por el Legislativo interpreta varios artículos de la Constitución de modo que el Gobierno solo pueda presentar la confianza sobre materias de su competencia y no sobre cualquier tema que considerase pertinente, como ocurría hasta ahora.

Con este cambio, el Congreso quiere que no se repita el episodio de 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el hemiciclo y convocó a nuevas elecciones, al presentar una cuestión de confianza sobre la renovación del Tribunal Constitucional y que el Parlamento postergase su votación.

La nueva norma fue aprobada por insistencia del Congreso después de que el Gobierno la observara y se negase a promulgarla, al entender que es inconstitucional y vulnera la separación y el equilibrio de poderes del Estado.

La ley fue ratificada por el Parlamento sin tener en cuenta un proyecto de ley presentado por el Gobierno para regular no solo la cuestión de confianza sino también el proceso de vacancia (destitución) del presidente por parte del Congreso, de modo que hubiese mayores límites para los dos poderes en ambos casos.

De esta forma, el Ejecutivo entiende que la norma es inconstitucional en forma y fondo, al considerar que ha creado un desbalance de facultades entre el Gobierno y el Congreso.

Ahora mismo el Congreso puede promover una destitución presidencial por "incapacidad moral permanente" si votan a favor dos tercios de la cámara, lo que equivale a 87 votos.

Pese a que esta figura fue prevista para casos en los que el presidente pierda sus facultades mentales, el anterior Parlamento lo interpretó como carencia de ética y de ese modo destituyó a Vizcarra en 2020 por sospechas de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua (2011-2014).

Sin embargo, para que el presidente pueda disolver el Congreso, la Constitución marca que el Legislativo tiene que negarle el voto de confianza al Ejecutivo al menos dos veces y, con esta nueva, el Gobierno ley solo puede presentar esta cuestión bajo presupuestos limitados.

Asimismo, el gabinete del presidente Pedro Castillo opina que esta norma supone una modificación implícita de la Constitución, por lo que no debería haber sido aprobada con mayoría absoluta, sino con la aprobación por dos tercios del hemiciclo en dos legislaturas distintas, como corresponde con los cambios en la carta magna.

Este nuevo litigio entre Ejecutivo y Legislativo queda en manos del Tribunal Constitucional, en un proceso que puede tomar unos cuatro meses hasta que publique una decisión.

Con la mayoría de magistrados con su periodo vencido desde 2019, el Constitucional peruano dirimirá únicamente con seis miembros, debido al reciente fallecimiento de Carlos Ramos.

Para conseguir un fallo vinculante, cinco de los seis miembros del Constitucional deben votar en el mismo sentido al tratarse de una demanda competencial.