EFELa Paz

Jeanine Áñez cumple este jueves un mes como presidenta interina de Bolivia, un país que camina sobre cristales al haber cesado, al menos por ahora, las manifestaciones callejeras y la violencia, pero con una tensión política persistente.

Tras dos días en los que Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder, Áñez asumió el 12 de noviembre la Presidencia interina al activar como senadora el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo con la renuncia de Evo Morales y de todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo.

Ese mismo día, el Tribunal Constitucional boliviano explicó que aunque Áñez no tuviera el quórum necesario en el Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Morales, está respaldada por una interpretación del texto constitucional para casos de vacío de poder.

La presidenta interina no ha sido reconocida por los Gobiernos que califican la renuncia de Morales como un golpe de Estado, frente a otros que sí la aceptan y otra parte de la comunidad internacional que ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

PAÑOS FRÍOS A LA CRISIS

A la vez que intentaba organizar el Gobierno transitorio, lo primero que tuvo que resolver Áñez fueron las protestas desatadas tras la salida de Morales, que incluyeron manifestaciones callejeras y bloqueos de carreteras que derivaron en el desabastecimiento de combustibles y alimentos en ciudades.

El Ejecutivo interino finalmente logró, mediante un diálogo propiciado por entidades como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, un acuerdo con sectores afines a Morales que permitió el levantamiento progresivo de las medidas de presión.

También pudo ponerse de acuerdo con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales en el Legislativo para aprobar la ley que anuló la votación del 20 de octubre y fijó 120 días para la celebración de nuevos comicios.

Evo Morales había declarado vencedor en los comicios de octubre luego anulados, entre denuncias de fraude electoral a su favor.

Ese plazo correrá una vez que el Parlamento concluya el proceso de selección de los nuevos integrantes del órgano electoral, que deberán elaborar el calendario electoral.

LA SOMBRA DE LAS MUERTES

La mayor sombra sobre el Gobierno de Áñez son las muertes en las ciudades bolivianas de Sacaba y El Alto, que la Defensoría del Pueblo ha cifrado en una veintena, diez en la primera el pasado 15 de noviembre y otras diez en la segunda el 19 de ese mes.

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en Bolivia a fines del mes pasado calificó de "masacres" las muertes de civiles en ambas ciudades y apuntó por ellas a fuerzas conjuntas policiales y militares.

El Ejecutivo interino ha negado que las fuerzas del orden hayan disparado a civiles.

También fue criticado un decreto que eximía de responsabilidad penal a policías y militares, si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.

Aquella norma fue derogada tres días después de que el Gobierno de Áñez firmara el acuerdo de pacificación con los sectores en conflicto.

PULSO CON EL LEGISLATIVO

La tensión entre el Ejecutivo de Áñez y la mayoría parlamentaria del MAS persiste, ya que los seguidores de Morales impulsan una ley que establece garantías para que ex altos funcionarios del Estado, incluido el exmandatario, puedan someterse a un proceso especial de responsabilidades y que no haya "persecución" de legisladores.

El MAS argumenta que la norma busca dar garantías a quienes se sienten amenazados tras la crisis, pero el Gobierno interino ve que lo que se busca es la impunidad de exautoridades como Morales, a quien ha acusado de delitos como terrorismo y sedición.

La CIDH ha advertido en su informe de que "bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos", al margen de su rango en el Estado.

AJUSTES Y POLÉMICAS

Una de las acciones gubernamentales que más llamó la atención fue el giro en la política exterior, con anuncios como la ruptura de relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, aliado de Morales, en medio de denuncias de que venezolanos vinculados con su embajada en La Paz estaban "atentando contra la seguridad interna" en Bolivia.

También se confirmó la salida del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y se anunció el retiro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Áñez además ha designado embajador "en misión especial" en Estados Unidos, tras once años de tensión entre Washington y Morales, y ha anunciado el restablecimiento de las relaciones con Israel rotas en 2009.

En declaraciones a Efe, el analista político Franklin Pareja indicó que el Gobierno interino entró "en una política de relaciones exteriores más amplia, más dialogante y no tan adoctrinada ni ideologizada".

También destacó que el Ejecutivo transitorio de Áñez ha mostrado "algunas situaciones evidentes" sobre el país que el Gobierno de Morales "no permitía conocer", como "el verdadero estado de situación de las obras en ejecución, de la economía, o la relación contractual con empresas del extranjero".

Pareja consideró que "no fue lo mejor" la introducción de "alguna iconografía religiosa", como la Biblia y el crucifijo en actos oficiales.

A su juicio, también quedó la sensación de que la mandataria interina hizo "algunas concesiones de naturaleza política" a movimientos cívicos contrarios a Morales en la conformación de su gabinete de ministros.

También apuntó a la "hostilidad" mostrada por algunos ministros de Áñez en un principio, aunque consideró que esto tal vez se habló internamente porque se ha visto que estas autoridades "han bajado los decibeles".

PENDIENTES Y RETOS

"Vivimos una calma tensa que no ha terminado de resolver todos los problemas y seguramente esto se va a mantener durante el tiempo que le toque gobernar a Áñez", dijo Pareja.

A su juicio, el Gobierno de transición deberá trabajar en tres frentes, el primero "conducir el gobierno casi por inercia" y el segundo "aplacar los ánimos" de quienes aún "están activando todos los recursos posibles para desestabilizar" al país.

El tercero es "garantizar la culminación exitosa de las elecciones", indicó Pareja, que también consideró que no se puede esperar que el Ejecutivo interino resuelva problemas que requieren de "tiempo y mayor planificación", como la situación de la economía.

"Solamente vamos a poder afirmar que este Gobierno ha sido exitoso o no el día en que culminen las elecciones en condiciones y estándares razonables de estabilidad", concluyó.

Gina Baldivieso