EFEAsunción

En cinco días el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha perdido a los titulares de dos entes sensibles (tierras públicas y asuntos indígenas), un caso de extradición en el que se había implicado personalmente y, además, ha recibido un tirón de orejas de Estados Unidos con la corrupción como trasfondo.

Demasiado y en poco tiempo para un mandatario que no ha levantado cabeza desde la crisis política de agosto, a causa del polémico acuerdo energético con Brasil que le tuvo al borde del juicio político.

La semana negra del presidente, del conservador Partido Colorado, se inauguraba el martes con la renuncia del titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, en medio de una investigación por sobornos en el proceso de adjudicación de tierras públicas.

Si bien Torres no está de momento investigado, se vio obligado a dimitir salpicado por la imputación a dos altos funcionarios que supuestamente exigieron coimas para no revocar la adjudicación de una propiedad en la región del Chaco.

Un jalón más en el Indert, cuyo antiguo presidente, Justo Cárdenas, sigue en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Con la renuncia de Torres condicionando la semana, el miércoles entró en escena la Cámara de Diputados, con mayoría del Partido Colorado, que arrojó una patata caliente al presidente y a su discurso anticorrupción.

En una decisión corporativista, puesto que se sumaron legisladores de la oposición, la Cámara Baja rechazó la petición de desafuero contra dos diputados colorados y uno liberal, imputados por varias causas.

Uno de ellos, Ulises Quintana, perteneciente a la corriente del coloradismo que preside Abdo Benítez, está procesado por presunta relación con una red de narcotráfico

Quintana, apresado hace un año, estuvo diez meses en prisión preventiva, pero retomó su escaño en julio tras la resolución de una jueza.

Dos días después de que no prosperara la pérdida de investidura, el embajador estadounidense, Lee McClenny, instaba en su cuenta de Twitter a los paraguayos a "ejercer la democracia a través de la lucha contra la corrupción e impunidad, con justicia para todos".

Aunque no se daban nombres, los medios relacionaron el comentario de McClenny con el "blanqueo" a los tres diputados y en particular a Quintana.

Mas cuando Estados Unidos promueve programas de ayuda a Paraguay contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

Y cuando el Gobierno está pendiente del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la efectividad en el combate a los delitos financieros y la corrupción.

La llamada de atención de McClenny llegó además cuando el Gobierno digería el revés del día anterior, con la llegada a Finlandia de tres activistas de izquierda reclamados por el secuestro en 2001 de la hija de un empresario.

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán llevaban dos meses en Uruguay, país al que habían llegado al fugarse de Brasil, que les había revocado el asilo político.

Ello después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera al Estado paraguayo, por falta de pruebas, de la demanda por torturas presentada por Arrom y Martí.

El propio Abdo Benítez había enarbolado la bandera de la extradición de los tres hombres, y en una decisión sin precedentes se había personado en una de las sesiones de la CorteIDH.

Todo para verlos luego aterrizar en Helsinki, según el Gobierno gracias a las facilidades dadas por Uruguay y el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur)

No obstante, analistas y medios atribuyeron ese desenlace, así como los constantes casos de corrupción, a la entrada en el Gobierno de personas sin capacitación, con base a cupos o favores políticos, una práctica que va contra la institucionalidad por la que aboga el presidente.

El debate sobre esa carencia de idoneidad se reiteró el viernes, cuando cientos de indígenas bloquearon un puente internacional para exigir la salida de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, Ana María Allen, quien renunció horas después.

Allen estaba cuestionada, entre otras recusaciones, por desconocer el guaraní, oficial junto con el español y hablado por la mayor parte de los pueblos originarios.

Fue el cierre de una semana en la que se diría que el Gobierno estaba invocando la ley de Murphy.

José María Hernández