EFEBrasilia

La Corte Suprema de Brasil comenzó a inclinarse este miércoles por la validez de la prisión tras una condena en segunda instancia aún si restan apelaciones, situación en la que están miles de reclusos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la segunda audiencia de un juicio de alta complejidad jurídica y política, el tribunal comenzó a perfilar su decisión final sobre tres demandas que contestan la posibilidad de que una persona vaya a la cárcel cuando su condena sea ratificada en una segunda instancia.

De los once magistrados, cuatro se pronunciaron este miércoles y mientras uno consideró que la pena sólo puede ejecutarse cuando se agote el proceso de apelaciones posibles, los otros tres apoyaron la jurisprudencia actual, que permite el encarcelamiento después de la segunda instancia, como fue el caso del expresidente Lula (2003-2010).

Los otros siete miembros de la corte presentarán su voto en una sesión convocada para este jueves, en la que pudiera confirmarse la mayoría que ya se configura, que contraría los intereses de aquellos que, como Lula, condenado a ocho años por corrupción y preso desde abril de 2018, tienen al menos una apelación pendiente.

La tendencia que prevalece hasta ahora va en contra de lo que postuló el instructor del proceso, Marco Aurelio Mello, quien avaló las demandas en el sentido de que, en su interpretación, la propia Constitución prohíbe que se ejecute una pena mientras el reo pueda apelar.

Según el magistrado, para los casos más graves, "la ley establece la posibilidad de la prisión en una situación de flagrante delito e incluso la prisión preventiva, cuando se entiende que la libertad de una persona supone un riesgo para la sociedad".

Mello subrayó que la posibilidad de múltiples apelaciones está en la ley y dejó en la corte una pregunta acuciante: "¿Quién devuelve los años pasados en prisión a un inocente?".

Su posición, sin embargo, no fue compartida por ninguno de los otros tres magistrados que se pronunciaron este miércoles.

Uno fue Edson Fachin, responsable en el Supremo por la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a decenas de empresarios y políticos y que, en 2016, influyó en la decisión de la propia Corte Suprema de permitir el encarcelamiento tras la segunda instancia.

Fachin sostuvo que, en los tribunales superiores, "es realmente excepcional que los recursos lleven a un efecto suspensivo" de las penas dictadas en instancias inferiores.

El juez explicó que, en la tercera y cuarta instancia que están contempladas en la Justicia brasileña, "ya no se analiza el conjunto de pruebas ni el mérito de la acusación", sino sólo algunos aspectos formales del proceso en el marco del Estado de Derecho.

Ese fue el mismo argumento esgrimido por el Gobierno que preside Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y antagonista político de Lula, que se pronunció en el juicio a través de la Abogacía General de la Unión (AGU).

André Mendonça, titular de ese organismo y quien tiene estatus de ministro de Gobierno, enfatizó también que mientras los juzgados de primera y segunda instancia analizan las pruebas de un proceso, en los superiores se revisan apenas aspectos formales.

"La Justicia ordinaria, hasta la segunda instancia, trata de los hechos, las pruebas y la construcción probatoria", en tanto que los tribunales superiores "discuten cuestiones de derecho y de forma", que "no son para declarar inocencia", sino para revisar el trámite y el cumplimiento del debido proceso, afirmó Mendonça.

El fiscal general, Augusto Aras, designado por Bolsonaro para ese cargo hace poco más de un mes, coincidió e instó a tener en cuenta no solamente los derechos de quienes delinquen, sino también los de sus víctimas.

"A los acusados, en general, se les garantizan los principios de la inocencia, la contradicción y la debida defensa", mientras que las "víctimas" de sus delitos esperan a que llegue una justicia que "muchas veces demora" por la morosidad del Poder Judicial, sostuvo.

Aras respaldó la posibilidad de que una condena sea ejecutada tras la segunda instancia, pero abogó por "penas sustitutivas" para delitos menores, entre las que citó la prisión domiciliaria.