EFETegucigalpa

El Ministerio Público de Honduras dijo este lunes que el Parlamento del país aprobó una "reforma tácita" a tres artículos del Código Penal que obstaculiza la lucha contra la corrupción, porque considera que restringe su labor de decomisar documentos en las investigaciones.

El proyecto aprobado "impone nuevas condiciones hasta ahora inexistentes en el Código Penal para realizar el comiso o secuestro de objetos y documentos relevantes para la investigación criminal, así como una nueva causal de nulidad que no está incluida dentro de las que expresamente ha recogido aquel texto normativo", aseguró el Ministerio Público en un comunicado.

De acuerdo con el nuevo proyecto, para decomisar o secuestrar documentos u objetos como parte de una investigación, el Ministerio Público deberá solicitar ante una juez la autorización "formal, escrita y motivada", añadió.

Además, los documentos y los objetos incautados por orden judicial y que sean importantes "deberán, bajo pena de nulidad, ser puestos de forma inmediata a la orden del juez para efectos de ser periciados bajo la figura y formalidad del medio de prueba denominado Dictamen de Peritos", quien luego decidirá qué persona o institución custodiará la información.

Se exceptúan los casos de "flagrancia y entregas voluntarias" por parte de los propietarios de los documentos, indicó el Ministerio Público, que considera que el Parlamento debió solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia antes de aprobar esa reforma.

OBSTÁCULOS A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

La modificación fue rechazada por el Ministerio Público al recordar que la institución realiza "importantes investigaciones" en oficinas estatales relacionadas con "casos emblemáticos", las cuales pueden ser "afectadas.

Sin embargo, el Parlamento afirma que el Ministerio Público podrá inspeccionar "sin mayor trámite" las instituciones públicas, donde podrá "recolectar elementos de prueba que tengan que ver con la supuesta comisión de delitos", no así en propiedad privada.

Aunque el Legislativo asegura que se trata de una interpretación apegada al derecho Constitucional, para el Ministerio Público se realizó un "proceso tácito de reforma y derogación" al Código Penal.

La interpretación sirve para aclarar "el sentido de una ley anterior, con la intención de brindar seguridad jurídica a las personas, pero sin modificarla, porque en ese caso estaríamos frente a una adición, reforma o derogación (implícita) de la misma", explicó el Ministerio Público.

Enfatizó también que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo porque supone "abrir una puerta para que vía Interpretación reformen cualquier ley y se eluda el control y balance de poderes".

PETICIÓN DE VETO PRESIDENCIAL

El Ministerio Publico considera que esa aprobación "lo único que hace es quitarle efectividad investigativa", convirtiendo "una diligencia que es de suma importancia para llevar a los infractores de la Ley ante la Justicia, en una facultad ya no atributiva al órgano fiscal".

Por ello pidió "el veto presidencial para ahorrar tiempo". De no ser así "se tendrá que interponer por nuestra parte un recurso de inconstitucionalidad, lo que significaría un retraso valioso ya que estas normas junto a otras contribuyeron al éxito de investigaciones que han concluido en requerimientos fiscales por casos de corrupción", agregó.

La corrupción, según diversos sectores, es una de las principales causas de la pobreza en que viven más del 60 % de los 9,3 millones de habitantes que tiene Honduras, donde varios políticos, entre ellos algunos diputados del Parlamento, han sido salpicados por denuncias de ese flagelo.