EFELa Paz

Una comisión del Parlamento boliviano, en el que tiene mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, determinó iniciar un proceso penal a un ministro interino y un jefe militar, por no informar sobre varios sucesos de la crisis política y social del año pasado.

"La comisión decidió iniciar un proceso por incumplimiento de deberes" contra el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, mencionó el diputado Víctor Borda, que preside la investigación por supuesta vulneración de derechos humanos, refiere un comunicado del Parlamento.

El parlamentario sostuvo que la comisión citó a ambas autoridades la pasada semana "y no se presentaron", aunque en el caso de Murillo entregó un justificativo de inasistencia por lo que la declaración fijada el pasado lunes se postergó para esta jornada.

El comunicado del Legislativo señala que "la querella penal será presentada el próximo miércoles en la Fiscalía Departamental de La Paz", en una acción que también debía incluir al comandante de la Policía, Rodolfo Montero, también señalado por no declarar ante la instancia parlamentaria la semana anterior.

Sin embargo, Montero presentó esta jornada su declaración, en la que afirmó que la Policía no portó "armas letales" y que en aquellas jornadas de violencia "se hizo el uso progresivo de la fuerza", precisa el comunicado.

Las normas bolivianas señalan la obligación que tienen las autoridades del Ejecutivo del país de presentarse ante un llamado de las instancias parlamentarias, por lo que ante cualquier evasión puede procederse con un proceso por la vía penal.

Los integrantes de la comisión decidieron aplazar para la siguiente semana la declaración de los ministros interinos de Defensa y de Salud, Luis Fernando López y Eidy Roca, respectivamente, que presentaron los justificativos de su inasistencia, refiere la nota.

La comisión parlamentaria debe presentar para el siguiente mes un informe sobre los sucesos de Sacaba, Senkata y Yapacaní, en los que hubo más de veinte civiles muertos por disparos en intervenciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 36 personas en sucesos violentos durante la crisis política y social en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo del país.

Gran parte de las familias de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar armamento letal contra civiles, mientras que desde el Gobierno interino se negó aquello y se sostuvo que los muertos en esas jornadas fueron producto de disparos en las mismas movilizaciones.

El Gobierno interino aprobó un par de decretos destinados a brindar una ayuda social humanitaria a los familiares de los fallecidos y de los heridos, que ha comenzado a pagarse hace algunos días.