EFESantiago de Chile

La Cámara de los Diputados de Chile interpeló este lunes al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria que vive el norte del país, donde el ingreso de miles de personas indocumentadas provocó en septiembre un clima de máxima tensión en diversas localidades fronterizas.

El requerimiento, impulsado por diputados de oposición, tenía como objetivo que Delgado rindiera cuentas sobre la actuación del Gobierno en esta zona, donde hace unas semanas, una turba quemó las pertenencias de un grupo de migrantes en Iquique, una localidad que se encontraba al borde de colapso.

Durante la sesión, el ministro reconoció que la frontera de Chile con Perú y Bolivia sufre una "crisis de ingreso clandestino" y que la zona que carece "de la infraestructura necesaria para recibir a una gran magnitud de migrantes".

La mayor parte de ellas son de origen venezolano y llegan en una situación "precaria", detalló, cruzando por alguno de los 160 pasos no habilitados.

El diputado opositor Vlado Mirosevic, principal impulsor de la moción, apuntó a la falta de medidas concretas del Gobierno para evitar el colapso de pequeñas localidades fronterizas y le acusó de "no tener coordinación" con autoridades locales ni líderes de otros países.

Delgado esgrimió que "los diálogos con alcaldes e intendentes se empezaron a principios de año" y defendió que "el liderazgo (en materia migratoria) lo tiene que ejercer el presidente dentro de cada país".

"Dejar de hacer expulsiones es algo que no está en nuestra planificación futura", expresó.

El norte siempre ha sido la gran puerta de entrada para la migración irregular en Chile, pero la situación se ha agravado este año coincidiendo con la pandemia de la covid-19, que en otros países de la región causó mayores estragos.

Desde hace meses, cientos de personas pernoctan en improvisados campamentos en Iquique o los pueblos fronterizos de Colchane y Huara, y en lo que va de 2021 han fallecido 17 personas en el agreste paso entre Bolivia y Chile, una zona con temperaturas extremas y clima desértico.

No fue hasta el pasado septiembre que las autoridades desplegaron campamentos y albergues en estas localidades, después de meses de reclamos de líderes locales y plataformas promigrantes.

Para frenar los ingresos irregulares, el Gobierno desplegó una campaña de deportaciones, altamente cuestionada por la ONU y diversas ONG, con la que pretende expulsar a 1.500 migrantes este año, amparándose en una nueva Ley de Migraciones más estricta.

Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política, económica y su alto nivel de vacunación contra la covid-19.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.