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El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, informó hoy de que el Poder Ciudadano declaró improcedente una solicitud para pedir la calificación de falta de los magistrados que dictaron la sentencia por la que el Supremo asumía las funciones del Parlamento.

En declaraciones a la televisión estatal, Saab -que preside además el Poder Ciudadano- explicó que esa instancia determinó innecesario calificar esa supuesta falta, "puesto que las sentencias (...) ya fueron de oficio aclaradas" posteriormente por el máximo tribunal, que suprimió las medidas contra la Cámara.

Según la Constitución venezolana, para que el Parlamento pueda iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano debe considerar previamente la falta de los jueces como grave.

El Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano (Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía), "acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud" por considerar que es "inoficioso emitir pronunciamiento sobre las presuntas faltas incurridas por los magistrados de la Sala Constitucional", dijo Saab.

Con ello se refirió a los siete magistrados que dictaron dos fallos que, entre otras decisiones, contenían medidas que otorgaban al Supremo la facultades del Legislativo mientras este persistiera en desacato.

Esa decisión fue interpretada por la oposición y por la propia Fiscalía General de Venezuela como una "ruptura del orden constitucional".

El Parlamento, controlado por opositores, acordó el miércoles abrir un procedimiento para destituir a esos magistrados a pesar de que el propio Poder Judicial suprimió partes de las sentencias y revocó esas medidas tres días después.

El pronunciamiento de Saab responde a una petición de un grupo de ciudadanos "en relación a la eventual calificación de la falta en la que presuntamente podrían encontrarse incursos esos magistrados", explicó el defensor.

La calificación de esa falta era un elemento indispensable para que los opositores en el Parlamento pudieran avanzar en el proceso para intentar remover a los magistrados que tomaron la decisión.

En paralelo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzó también hoy a recoger firmas para solicitar al Poder Ciudadano que avale el proceso contra los magistrados.