EFEPanamá

Dos exejecutivos de la constructora española FCC admitieron que altos funcionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) les pidieron sobornos del 10 % en un programa de reordenamiento vial de la capital, en el que la Fiscalía Anticorrupción de Panamá han detectado un sobrecosto millonario.

Se trata de los exejecutivos Julio Casla y Eugenio del Barrio, quienes en una declaración jurada dada a la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá revelaron que la "coima del 10 %" fue pedida por el entonces ministro de Obras Pública Federico "Pepe" Suárez, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Suárez, investigado por el pago de sobornos de Odebrecht, se habría reunido con Avelino Acero, el superior de Casla y Del Barrio, y le habría dicho que para que el Estado panameño pagara deudas de proyectos anteriores al período 2009-2014 la constructora española debía pagar una "coima del 10 %", misma que aplicaría también para futuros proyectos.

"FCC debía entregar una cantidad del 10 % del valor de la deuda, esto también hacía referencia, lógicamente, a obras o deudas que se venían de contratos anteriores de otras Administraciones, pero que al estar en ejecución o no finalizadas, y por tanto quedaban pendientes unidades de pago, también debían pagar este porcentaje del 10 %", dijo en su declaración Casla, según publicó este jueves el diario panameño La Prensa.

Casla y Del Barrio dijeron además que la coima del 10 % también se aplicaría a otros contratistas como la brasileña Odebrecht, la costarricense Meco y la mexicana ICA, que actuaban en consorcios en Panamá.

Así, hubo una reunión en la que participaron Casla, Del Barrio, Heitor Acevedo, de Odebrecht, y Afredo Guzman y Denis Monge, de ICA-Meco, en la que se repartieron los proyectos del reordenamiento vial de la capital y de rehabilitación del Casco Antiguo, y se confirmó la tasa del 10 % como "pagos ilegales".

Casla y Del Barrio revelaron además que el interlocutor entre el entonces ministro Suárez y ellos era el abogado Mauricio Cort, con quien en varias reuniones en Panamá verificaron el monto de los pagos ilegales, que se canalizaron a través de la empresa Arados de Plata S.A., según se detalla en la declaración jurada publicada por la prensa panameña.

Los exejecutivos de FCC "confirman que existió (sic) sobrecostos de proyectos de reordenamiento en la Ciudad de Panamá, ya que debía incrporarse el pago de las coimas", dice el documento oficial, según la fuente periodística.

INVESTIGACIÓN A FCC EN PANAMÁ Y EN ESPAÑA

FCC es investigada en Panamá desde abril de 2017 por el pago de supuestos sobornos y sobrecostos por más de 100 millones de dólares en proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, un caso por el que hay imputadas 14 personas por delitos de peculado y corrupción, y blanqueo de capitales.

En diciembre pasado, un juzgado panameño otorgó a la Fiscalía un año más para que amplíe esta investigación a FCC, y la instrucción que tienen los fiscales Anticorrupción "es que traten de meterle el mayor dinamismo, la mayor celeridad" al caso, dijo a Efe el pasado lunes el fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa.

La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2016, también es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del Metro, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria.

FCC ya ha comparecido ante la Audiencia Nacional y explicado detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas, de 82 millones de dólares en comisiones para esos contratos públicos y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.

En esas delaciones ha surgido el nombre del expresidente Martinelli como supuesto receptor de los pagos ilegales, a través de un supuesto testaferro, el abogado Mauricio Cort, detenido en Panamá.

Martinelli ha negado, a través de sus portavoces, cualquier vinculación con el caso FCC, mientras que Cort ha fracaso en sus intentos para que le caso sea desestimado.