EFEWashington

Las fallidas elecciones generales de 2019 en Bolivia no son un "caso cerrado" y deben ser objeto de una investigación independiente sobre la observación electoral hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA), dijeron este viernes representantes del Gobierno de Luis Arce y expertos.

"El debate no es un caso cerrado, jamás va a ser un caso cerrado, porque tenemos la verdad por encima", dijo el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, sobre los comicios del 20 de octubre de 2019, que fueron anulados por las denuncias de que hubo un presunto fraude a favor del entonces presidente Evo Morales.

El funcionario participó en la sede de la OEA en Washington en el evento "¿Qué pasó con las elecciones del 2019 en Bolivia y el informe de la OEA? - Expertos comparten sus hallazgos", organizado por la delegación del país andino con el copatrocinio de las representaciones de Argentina y México ante el organismo.

"Señores y señores, no hubo fraude en mi país", agregó Chávez, al exponer los hallazgos de un análisis liderado por su despacho de 34.555 actas de votación.

Aseguró que esa evaluación reveló que en 15 actas, menos del 0,004 % del total, se detectaron datos equivocados y posteriormente corregidos por la autoridad electoral sobre los frentes políticos en la contienda.

Durante el encuentro, expertos y delegados de los tres Gobiernos rebatieron un informe difundido por la OEA el 10 de noviembre de 2019, en el que advirtió que hubo "una manipulación dolosa" de las actas y en el procesamiento de los resultados de las elecciones celebradas el 20 de octubre de ese año en Bolivia.

La actividad transcurrió sin la presencia del titular de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, quien declinó en una misiva la invitación que le extendió el embajador boliviano ante el organismo, Héctor Arce Zaconeta, y ratificó que las elecciones bolivianas de 2019 son un "tema cerrado".

En su intervención, Arce Zaconeta se quejó de que la Secretaría General de la OEA, "violando" un acuerdo suscrito con su país, "inventó un supuesto informe preliminar de auditoría" que hizo público, sin conocimiento del Estado boliviano, "a las cuatro de la mañana" del 10 de noviembre de 2019.

"Ese mismo día la nación entera se vino abajo", lamentó el embajador, quien apuntó que a raíz de ello la Fuerza Armada y la Policía se sublevaron y se desató una ola de violencia que provocó la renuncia de Morales y terminó en la imposición de un "Gobierno de facto" y la muerte de 38 personas.

Al dar a conocer algunos de sus hallazgos, Jack Williams, un investigador del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés), autor de un estudio al respecto junto con su colega John Curiel, aseguró que Morales pudo haber obtenido "fácilmente" un margen de 10 % para imponerse en esa votación.

Por su parte, el catedrático Francisco Rodríguez, quien analizó datos obtenidos por el periódico The New York Times, aclaró que las tendencias de conteo de votaciones en todo el mundo "tienden a presentar cambios".

Y aunque Rodríguez puntualizó que su estudio "no prueba que no hubo fraude" en esos comicios, sí que advirtió de que la OEA "no aceptó publicar o facilitar acceso a los investigadores a los datos y al código de sus análisis", pese a que hubo peticiones sobre eso.

En ese contexto Jake Johnston, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR, en inglés), consideró necesaria una "investigación independiente" no solo de lo que ocurrió, sino del porqué, de quién "estaba influenciando la misión de observadores y cuál era el propósito".