EFEGuatemala

El ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares, ha sido implicado este lunes en nuevo caso de corrupción y lavado de dinero en el que se estableció una red vinculada al poder de distintos Gobiernos.

Esta trama, denominada "Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero", forma parte de una investigación desarrollada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó a la ejecución este lunes de una serie de órdenes de aprehensión, solicitudes de desafuero y citaciones a primera declaración.

El caso, que se sustenta en informes técnicos y bancarios, declaraciones testimoniales e información de otras tramas ya conocidas, identificó una red "vinculada al ejercicio del poder" en distintos períodos y Gobiernos - el de Álvaro Colom (2008-2012) y el de Otto Pérez Molina (2012-2015)- que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas.

Al mismo tiempo, utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, y la compra de bienes inmuebles, una red donde uno de los principales operadores era Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y vinculado a otras tramas.

Esta red de personas de "alto poder político" que obtenía beneficios producto del cobro "millonario" de comisiones ilícitas estaba formada por Valladares, Alejos, el expresidente Otto Pérez Molina, el exsecretario privado de éste en la Presidencia Juan de Dios Rodríguez -implicado en otras causas-, empresarios y abogados.

El objetivo era "apoderarse del Estado" con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y "enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes".

Para ello, los grandes contratistas del Estado, especialmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios de Gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas y uno de los principales beneficiarios fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a empresas ya señaladas en otras causas.

Él hizo pagos a Alejos (un total de 7,2 millones de dólares) a través del sistema bancario guatemalteco pero también el internacional, especialmente el panameño, pero también con la elaboración de contratos de préstamos falsos.

El método para lavar el dinero fue desarrollado por los abogados y notarios Ricardo López Barrientos y Manuel de Jesús Palma y Palma, quienes disponían de las sociedades off shore panameñas para realizar la compraventa de apartamentos en el proyecto Edificio Casa Margarita, cuyo desarrollador, William Balz Gallardo, igual que sus letrados, tiene una orden de captura.

La estrategia consistió en que apartamentos Las Margaritas, Sociedad Anónima aportó los inmuebles a varias off shore, propiedad de otra mayor (Cross Caption International, INC), que vendió las acciones a otras off shore utilizadas por Cámbara, por lo cuál se hace propietario de esos apartamentos registrados a cada una de esas entidades, al menos 8.

Al negociarse de esta forma, las autoridades tienen dificultades para seguir la ruta del dinero (los pagos) y la identificación de las personas físicas intervinientes, además de que la compraventa de acciones mediante un contrato privado no genera factura y por ende no se liquidan impuestos, defraudando así al Estado.

De Gustavo Alejos recibió "como dádiva o presente" dos apartamentos Juan De Dios Rodríguez y una casa el expresidente Otto Pérez Molina, ahora en prisión preventiva por varios casos de corrupción.

Este inmueble fue entregado al exmandatario como "dádiva o presente para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios" y con el fin de ocultarlo se simuló un contrato de arrendamiento falso, pero no fue el único del cuál se beneficio la familia.

Alejos le ordena a Valladares que a través de una de las off shore realice una transferencia de 500.000 dólares para la adquisición y construcción de una casa colindante a la de Pérez Molina al arquitecto Rafael Escobar Pereira, una operación que se intentó justificar con un préstamo falso.

Esa vivienda fue posteriormente arrendada a la hija de Pérez Molina, Lissette, después de que el ahora ministro de Economía completara el pago (con 42.000 dólares) por motivos que se desconocen desde otra empresa de cartón de su propiedad.

Pero no fue la única operación que supuestamente hizo el ministro, pues en su mano también estuvieron las acciones de varias off shore y por ende de otros apartamentos, que sirvieron para que Alejos se comprara una finca.

Aquí también aparece implicado Gustavo Adolfo Espina, padre del embajador de Guatemala en Washington Manuel Espina, quien recibió en una cuenta 1,5 millones de dólares de esta trama y que luego convirtió en un plazo fijo hasta que fueron girados a varias off shore en una cuenta en la que ambos eran titulares.

Por este caso, las autoridades pedirán desaforar al actual ministro de Economía y al padre de Alejos, Roberto Alejos Vásquez (actual diputado al Parlamento Centroamericano), mientras que solicitaron detener a Alejos (que se presentó al juzgado), el desarrollador del proyecto y sus dos abogados.

En cambio, han sido citados a primera declaración el expresidente Pérez Molina y su exsecretario privado, el arquitecto Rafael Escobar Pereira, la mujer de Alejos, Beatriz Jansa Bianchi de Alejos, y Gustavo Adolfo Espina Salguero.