EFEGuatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este jueves que no saldrá del país cuando culmine su mandato el próximo 14 de enero, incluso si es requerido por la justicia.

"Si hay pruebas de que he sido alguien corrupto, que presenten las pruebas y que me procesen", mencionó el mandatario guatemalteco durante una conferencia de prensa en la que recriminó a los medios por haber "destruido" la presunción de inocencia.

Morales lamentó que hubiera gente que haya asegurado que defendía a la justicia y que, cuando hubo un proceso en su contra, se haya escapado de la justicia. "Hablo de la señora Thelma Aldana (la exfiscal general), que ahora es prófuga porque cuando se olió que había algo chueco se fue (del país) huyendo".

En cambio, subrayó que su hijo, al ser señalado de haber cometido el delito de fraude por forma continuada en 2017, regresó de Estados Unidos para acudir a resolver el proceso en su contra, del que resultó absuelto junto a su tío -el hermano del presidente-, Samuel Morales, conocido como "Sammy".

"Cuando la señora Aldana y el señor (Iván) Velásquez -el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)- presentaron un caso en contra de mi hijo (José Manuel), él estaba en EE.UU. presentando unas pruebas para estudiar inglés. Y él me dijo que entonces volvía el lunes", para enfrentar el señalamiento.

Su hijo dio "el ejemplo", continuo el mandatario, quien aseguró que él es lo "suficientemente hombre" para enfrentar los casos en los que ha sido señalado.

Morales detalló que en sus tres años y 10 meses de Gobierno, que se cumplieron este mismo jueves, ha sido objeto de 21 antejuicios (procesos de desafuero), más de 200 amparos (en contra de decisiones presidenciales) y más de 350 procesos judiciales.

"Me han dicho que no haga, que no ponga, que no diga y aún así Dios ha sido bueno y he tenido equipo valiente que ha puesto su firma a pesar de las amenazas" que supuestamente recibió su Gabinete y funcionarios de Gobierno de ser procesados por "cualquier cosa".

También señaló que hay quienes han dicho que el 14 de enero a las 14:00 hora local (20:00 GMT), cuando entregue el mando al presidente electo, Alejandro Giammattei, será detenido.

Recordó que hay un proceso en su contra por supuesta financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó al poder (2015), pero "hasta la colaboradora eficaz de ese proceso dijo que el presidente (él) negó el apoyo financiero que un grupo de empresarios estaba dando", pues "la gente fue mi publicidad", en referencia a seguidores que pintaron camisetas y carteles con esa frase.

Ese caso, continuó Morales, "me lo presentaron (Aldana y Velásquez) el mismo día y a la misma hora cuando estaba hablando en la ONU con (el secretario general, António) Guterres", a quien le estaba reportando "que en Guatemala estaban pasando cosas raras (con la CICIG)".

"¡Qué falta de vergüenza!", dijo agitado.

Finalmente, pidió a los periodistas presentes en esa disertación que "no se monten en olas. Yo sé que algunos de ustedes obedecen a las líneas editoriales que están muy enojados conmigo, sobre todo aquellos que dejaron de recibir millones en publicidad o porque dejamos de imprimir libros de texto con ellos".

A los medios "les fascina juzgar en una nota y no se dan cuenta del daño que le han hecho a la justicia; incluso ha muerto gente en prisión preventiva y luego dicen (los medios) 'ay, disculpe, era inocente' y eso no es correcto", pronunció.

Sin embargo, el presidente obvió que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral anunció la semana pasada la cancelación del partido oficial, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por haber cometido financiación electoral irregular, aunque aún cabe un recurso de apelación.

El año pasado, el tribunal electoral ordenó iniciar la cancelación de FCN-Nación, después de que un juzgado procesara a cinco grandes empresarios, sindicados de "coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos" al partido.

Según la investigación, los pagos anónimos de los empresarios, unos 2 millones de dólares, fueron recibidos, administrados y distribuidos a través de la entidad Novaservicios, Sociedad Anónima para el pago de fiscales electorales, y consecuentemente no fueron registrados en la contabilidad del partido político.