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La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este sábado la posición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de cerrar las puertas a unas negociaciones para solucionar de forma pacífica a la grave crisis sociopolítica que vive el país.

"Con cerrarle la puerta a la negociación, al régimen solo le quedaría la opción de aislar a Nicaragua del mundo y el recrudecimiento de la crisis social y económica", indicó la Alianza, contraparte del Gobierno en las negociaciones que ya fracasaron en julio de 2018 y abril pasado.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió, en junio pasado, que el Gobierno y la oposición reiniciaran unas negociaciones "de buena fe" para encontrar una salida a la crisis, que ha dejado cientos de muertos en 15 meses, y dio un plazo de 75 días para analizar la situación de Nicaragua.

Ortega afirmó ayer que negociará solamente "con aquellos que están dispuestos a trabajar por la paz y el desarrollo económico", es decir, que lo hará con grupos oficialistas, según la interpretación de los opositores.

El presidente de Nicaragua también anunció que realizará reformas electorales unilaterales y no adelantará las elecciones de 2021, dos puntos que rechazan diversos sectores de la sociedad nicaragüense, que exigen comicios adelantados, que sean "justos y transparentes".

"Si las reformas se realizan fuera del contexto de la mesa de la negociación (con la oposición), carecerán de cualquier tipo de credibilidad a nivel nacional e internacional, como carecerán de credibilidad los resultados electorales que de estas reformas resulten", advirtió la Alianza.

Desde el arranque de las negociaciones, en mayo de 2018, el Gobierno ha intentado deshacerse de la Alianza Cívica como contraparte, según han denunciado sus integrantes, ya que algunos de estos fueron encarcelados y otros obligados a irse al exilio.

La Alianza opositora está conformada por empresarios, académicos, juristas, estudiantes y campesinos, algunos de los cuales también lucharon contra la dictadura somocista, derrocada en julio de 1979.

La Alianza, que ha propuesto iniciar las negociaciones el día 31, resaltó que si Ortega se niega a resolver el conflicto "sólo aumentará la crisis económica y los efectos devastadores para la ciudadanía".

Ayer Ortega volvió a mostrarse contrariado con las sanciones económicas internacionales contra sus familiares y allegados, las que calificó de "agresión".

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales cuentan 594. El Gobierno, que reconoce 200 víctimas, y denuncia un supuesto "golpe de Estado fallido".

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabiliza de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en el contexto de la crisis.

La OEA tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.