EFESan Salvador

Una corte de El Salvador autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) una prórroga de seis meses de la etapa de instrucción en una causa penal que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por el supuesto manejo irregular de fondos para la construcción de una represa.

El órgano Judicial explicó este miércoles que el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador también amplió el plazo para la investigación judicial contra su esposa Ada Mitchell Guzmán y otros procesados.

La etapa de instrucción finalizaba este miércoles, pero la referida corte la extendió hasta el 13 de mayo de 2020 y tendrá hasta el día 19 de ese mismo mes para presentar la acusación penal.

"La jueza ha considerado otorgar la prórroga con el fin de que se concluyan los peritajes que actualmente están en ejecución, así como la recolección de elementos probatorios y sustentar la acusación o la defensa de los procesados", acotó la fuente.

Los delitos atribuidos a Funes y a los otros procesados son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho propio.

El 4 de enero de 2019, la Fiscalía salvadoreña acusó a Funes ante una corte por el supuesto manejo irregular de 108,5 millones de dólares de la construcción de la represa El Chaparral.

El Gobierno de Funes, de acuerdo con el Ministerio Público, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo del referido monto, que incluía la cancelación de "la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica" para el monto extra.

"En julio 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, (los acusados) lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares", sostuvo la FGR el pasado 4 de enero.

La acusación de la entidad fiscal señala que Funes recibió 3,5 millones de dólares en "dádivas" de la referida empresa que supuestamente fueron movidos mediante empresas "fachadas" en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.

Funes, quien gobernó bajo la bandera del "cambio" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.