EFESan José

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este martes al Estado de El Salvador suspender el trámite de una polémica ley de reconciliación que, según sus críticos, daría amnistías por violaciones a derechos humanos.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió este martes una resolución de medidas urgentes en la que acordó "requerir al Estado de El Salvador que, para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional".

Los jueces interamericanos indicaron que esta suspensión debe permanecer hasta que "el pleno de la Corte Interamericana conozca y se pronuncie sobre esta solicitud de medidas provisionales durante su próximo período de sesiones".

La CorteIDH también ordenó a El Salvador que presente, a más tardar el 14 de junio próximo, un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.

Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han criticado esta iniciativa de ley pues la consideran una amnistía encubierta y que incluye disposiciones contrarias a las obligaciones internacionales asumidas por El Salvador, que pondrían en riesgo el derecho al acceso a la justicia de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

El punto más cuestionado de la iniciativa es la imposición de penas excarcelables a quienes sean condenados por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1980-1992), y la prohibición de decretar prisión preventiva a los procesados.

Según las organizaciones de derechos humanos, esta propuesta, que inicialmente contaba con el apoyo de cuatro partidos, es una "amnistía encubierta".

El Congreso salvadoreño frenó el jueves pasado la votación de la polémica propuesta legislativa ante el rechazo de las organizaciones sociales, así como de Naciones Unidas y embajadores de la Unión Europea (UE).

CEJIL solicitó la semana pasada a la CorteIDH medidas provisionales en el marco del proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 por el mismo tribunal en el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños.

En esa sentencia, la Corte determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño por los hechos de esta masacre y le ordenó adoptar medidas para que la Ley de Amnistía -vigente hasta esa fecha- dejara de ser un obstáculo para la obtención de justicia de las víctimas del conflicto armado.

La sentencia también ordena a El Salvador llevar a cabo la investigación de los hechos y juzgar y sancionar a todos los responsables.

La directora jurídica de CEJIL, Gisela de León, afirmó que la resolución emitida este martes por la CorteIDH se pronuncia sobre disposiciones del proyecto de ley, "en particular la que indica la selección de casos porque, en caso de que se aprueba, se corre el riesgo de que algunas víctimas no tengan acceso a la justicia".

"También se habla de que no se respeta el principio de la proporcionalidad de la pena a la gravedad de los hechos y tampoco se respetan los estándares sobre prisión preventiva", agregó.